Senado de México aprueba reforma energética que prioriza empresas estatales
El Senado de México aprobó este jueves una controvertida reforma energética que da prioridad a las empresas estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre las compañías privadas en la generación y despacho de energía.
La medida fue aprobada en una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada, con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención. La reforma modifica el estatus de Pemex y CFE, que pasarán de ser consideradas "empresas productivas del Estado" a "empresas públicas", lo que les permite operar bajo condiciones diferentes a las de las empresas privadas.
La reforma energética, propuesta originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca revertir parte de la apertura del sector energético impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto en 2013. Dicha apertura permitió la entrada de inversión privada y estableció condiciones de competencia entre Pemex, CFE y las empresas privadas. Sin embargo, con esta nueva reforma, se busca fortalecer a las empresas del Estado y, según sus impulsores, recuperar la "soberanía energética" de México.
Durante el debate, la senadora Laura Castillo, del partido gobernante Morena, defendió la medida afirmando que "la reforma de 2013 solo pretendía desmantelar a Pemex y CFE". A su juicio, esta reforma marca un paso importante hacia la recuperación del control del Estado sobre el sector energético. Castillo destacó que la modificación no solo busca fortalecer a las empresas estatales, sino también garantizar su viabilidad a largo plazo.
Sin embargo, la reforma ha generado preocupaciones a nivel nacional e internacional. Varios sectores han expresado su inquietud debido a que el cambio podría violar los términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que prohíbe el trato preferencial a las empresas nacionales. En este sentido, se espera que la modificación pase ahora a la revisión de los congresos estatales para su aprobación final.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que se respetarán todos los contratos vigentes con empresas privadas y que se organizaron mesas de trabajo para abordar sus inquietudes. Según Sheinbaum, el objetivo es lograr una "transición ordenada" que permita una participación privada sin afectar la prioridad otorgada a Pemex y CFE.
La reforma establece que la CFE tendrá la responsabilidad de generar el 54 % de la electricidad en México. Además, obliga al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a dar preferencia a la energía producida por las plantas estatales, aunque esta pueda ser más costosa y contaminante. Esta disposición ha sido duramente criticada por sectores de la oposición, quienes argumentan que la medida es "regresiva" y que podría entorpecer la transición hacia fuentes de energía más limpias.
El senador Clemente Castañeda, del partido opositor Movimiento Ciudadano, señaló que la reforma es "contaminante y obsoleta", ya que no promueve el uso de combustibles limpios. La reforma ha polarizado el debate en el Senado y ha dejado abiertas varias interrogantes sobre el futuro del sector energético en México.