En los últimos años, se ha demostrado que la corrupción y las malas prácticas sigue siendo el pan de cada día de algunos servidores públicos.
El caso más reciente, es el del ex director de Ciapacov, Oscar Valencia Montes, quien recibió una amonestación pública y una multa por 15 mil 98 pesos en 2017 por diversas irregularidades detectadas.
Entre otros casos relevantes, se encuentra el dictamen presentado en 2017 que contenía el informe de la auditoría de la revisión de situación excepcional del poder ejecutivo, respecto a presuntos desvíos del presupuesto de egresos del estado para los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, en el que se determinó sancionar a 32 servidores públicos de la administración estatal que encabezó Mario Anguiano Moreno.
Entre sus funcionarios señalados por actos irregulares, amonestados e inhabilitados se encuentra Rafael Gutiérrez Villalobos, exsecretario de Fomento Económico y Rigoberto Salazar Velasco, ex secretario de desarrollo social.
En 2013, el congreso local inhabilitó por cinco años al ex alcalde interino de Villa de Álvarez, Enrique Monroy Sánchez por omitir la vigilancia de sus subalternos que resultaron implicados y una sanción económica por 2 millones 7888 mil 362 pesos por daño a las finanzas públicas.
En las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2012 de las diez administraciones municipales, se detectaron anomalías en ocho de los diez ayuntamientos, motivo por el cual el congreso dictaminó sanciones económicas, administrativas, amonestaciones e inhabilitaciones en contra de 43 servidores públicos.
En el 2000, la guillotina legislativa cayó en varios funcionarios municipales. Los presidentes inhabilitados fueron; Daniel Contreras Lara, en ese entonces alcalde de Ixtlahuacán, Jesús Plascencia Rangel, quien era presidente de Cuauhtémoc, Jesús Fuentes, edil de Comala en ese momento, Jesús Dueñas de Villa de Álvarez y Martha Sosa Govea, presidenta de Manzanillo.