La mañana de este viernes representantes de diversas organizaciones de concesionarios de taxis de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez presentaron al Congreso estatal una solicitud de juicio político en contra del alcalde Felipe Cruz Calvario, así como a la Sindica Karina Heredia y nueve regidores más por aprobar la operación de 200 mototaxis en Villa de Álvarez.
Encabezados por Juan José Navarro Mendoza, secretario de Transporte de la Confederación de Trabajadores de México, acusaron que los funcionarios municipales usurparon funciones que no les corresponden y con ello se cometieron violaciones graves a la Constitución Política, a los Derechos Humanos y a diversas leyes de la entidad.
"Nosotros estamos solicitando es, que se les inhabilite y que se les castigue de acuerdo a lo que podamos aprobar en el juicio político, que podría ser desde un año hasta 14 años". "Estamos presentando varias pruebas, entre ellas del Tribunal de Justicia Administrativa donde ya le dijeron a él que no debería entregar los, este, permisos y aun así los entregó. ¿Cuántos permisos? 200".
Pese a reconocer que lo que se busca es la inhabilitación de los funcionarios municipales y que no ocupen un cargo público después de las elecciones del próximo año, el dirigente cetemista negó que esta solicitud tenga un trasfondo político.
"Yo no creo que se vaya a politizar, porque están incurriendo en algo que, que ellos no deberían de haber hecho y lo hicieron, a sabiendas de que esto estaba irregular, aquí no estamos por colores ni partidos, estamos por la ley y pues la ley, están violando ellos la ley y entonces si ellos cometieron algo indebido, pues que asuman sus consecuencias y si se fijan van también del partido, van del PRI, van del PAN, van de todos ahí, eh. Si cometieron algo ilícito pues que se les sancione como debe de ser".
Finalmente, Juan José Navarro aseguró que la solicitud de juicio político está respaldada por 22 organizaciones de sitios de taxistas de la zona conurbada, que agrupan a casi mil 500 choferes y concesionarios. Así también reconoció que el Congreso tiene hasta 10 meses para dar una respuesta a la solicitud.