STJE no debe esperar algo grave para proteger a jueces

De acuerdo al abogado penalista e integrante de la Asociación de Abogados Académicos Independientes, Ángel Durán Pérez, la seguridad es una garantía específica que deben tener todos los impartidores de justicia y el Estado está obligado a proporcionarla, por ello consideró que el Poder Judicial de la entidad no debe esperar a que pase algo grave para asignar una protección integral a jueces.

Bite 02:45-03:18

"El Poder Judicial no necesita esperar que le pase algo al juez, yo tengo antecedentes de que sí ha habido cuando menos amenazas y tengo entendido de que también ha habido denuncias de jueces ante el propio Tribunal y ante, creo, la Fiscalía, de ciertas amenazas que han hecho ante los jueces y el Poder Judicial ahí si ya no sé qué es lo que ha hecho, qué tanto ha apoyado a los impartidores de justicia, pero no necesitamos que pase una desgracia para darles esa seguridad".

El abogado Durán Pérez mencionó que existen reglas de Naciones Unidas que establecen la protección para todos aquellos operadores de justicia, específicamente jueces, ministerios públicos y todos los que se encargan de la administración de justicia. Afirmó que es obligación del Poder Judicial establecer las medidas de seguridad adecuadas.

Bite 00:54-01:40

"No se requiere nada más que tenga algún escolta o algo así por decirlo de esa manera, sino que lo que se requiere que cuando vayan a tocar asuntos difíciles, el Poder Judicial necesita tener ciertas estrategias, primero, para proteger el buen desempeño de la administración de justicia en casos complejos; pero en segundo lugar le deben de proteger todos sus derechos al juez o a los jueces y a su familia. Entonces, es bien importante, o muy importante, más bien, que el Poder Judicial analice esta legislación de Naciones Unidas porque los antecedentes ya se empiezan a ver aquí en Colima y en el país".

Para finalizar, Ángel Durán señaló que Colima enfrenta un enorme problema de delincuencia e inseguridad, por lo que es necesario que se implementen medidas de seguridad para los impartidores de justicia y estos puedan resolver con libertad.

Lo anterior en referencia a que fue un juez local de Tecomán quien ordenó el cateo a la casa donde se encontró a familiares del presunto asesino de la diputada Anel Bueno, también involucrado en el homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa.