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23 de Noviembre del 2024
Agraría

Trabajadores del campo en Colima están desprotegidos

Trabajadores del campo en Colima están desprotegidos

De  acuerdo con la última Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, en el país existen al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros, de los cuales el 40  por ciento son indígenas y resto son provenientes de los estados más pobres del territorio mexicano, convirtiéndolos en un sector vulnerable y explotado en los campos agrícolas de México.


En ese sentido, en el año 2015 personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social rescató a 49 jornaleros mixtecos, entre ellos 13 menores de edad, de un campo dedicado a la producción de pepino localizado en el ejido El Diezmo. En su momento el titular de la dependencia detalló que los jornaleros recibían una paga  de tres pesos por cubeta de pepino, sin ninguna prestación laboral y con una jornada de trabajo de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, además, no se le proporcionaba alimento ni vivienda.


En este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer una recomendación por "omisiones del personal del servicio público de dependencias federales, estatales y municipales al no atender de manera integral a 62 personas indígenas, 48 adultos y 14 personas menores de 18 años, entre ellos lactantes, provenientes de la región La Montaña de Guerrero quienes se encuentran en un campo agrícola de la entidad".


También se precisó que las autoridades laborales que conocen del caso no levantaron un censo del total de la población en esta condición e ignoraron por completo los derechos de los trabajadores.


Si bien, existe el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas desde 1997 aún faltan reformas en las políticas públicas que garanticen las condiciones laborales de los jornaleros migrantes así como su trato digno y sanciones a quienes no respeten dichas leyes.


Mientras tanto ante el Congreso del Estado de Colima  se presentó la iniciativa Ley de Atención y Protección de los Jornaleros Agrícolas del Estado, la cual, tiene el objetivo de girar instrucciones en el orden jurídico, privilegiar el respeto de los derechos humanos e intensificar las labores de inspección.





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