Alcalde de Culiacán podría ser sancionado: Enrique Inzunza
El alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro podría ser sancionado de seguir en la idea de no aplicar las reformas a la Ley de Agua Potable que otorga un descuento del 50 por ciento a adultos mayores y personas con discapacidad.
Fue el pasado 26 de enero cuando el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó estás reformas a la ley, ante ello el alcalde de Culiacán envió un documento al gobernador Rubén Rocha Moya para pedirle que no lo publicara en el Periódico Oficial del Estado, sin embargo su propuesta fue rechazada.
El presidente municipal argumenta que de aplicarse estos descuentos se estaría dejando sin recursos a las juntas de agua potable al dejar de percibir alrededor de 500 millones de pesos anuales, lo que las llevaría a la quiebra en menos de un año.
Es por ello que al ser publicada y haber entrado en vigor, el presidente municipal de Culiacán decidió interponer una controversia constitucional, pidiendo que se de reversa a esas reformas, mientras tanto dijo, no aplicaría la ley en el municipio.
Al respecto, el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares, explicó que no hay fundamento legal para inaplicar la ley porque ninguna corte ha determinado una suspensión provisional.
Enrique Inzunza Cázares, Secretario General de Gobierno "Es una medida cautelar, esto es una medida que se ordena para mantener viva la materia de la litis en tanto se emite la resolución de fondo, en este caso no se solicitó suspensión, no se concedió suspensión, por lo tanto la ley es vinculante y obligatoria a plenitud".
En ese sentido, indicó que de no aplicar la ley el alcalde sí podría ser sujeto de sanciones.
Enrique Inzunza Cázares, Secretario General de Gobierno "En el caso de que un ciudadano o un grupo de ciudadanos y ciudadanas estimara que hay una falta por parte de cualquier servidor público se pueden instaurar los mecanismos de responsabilidad política, administrativa, o penal".
En este caso, detalló, sería a través del Congreso del Estado dónde los ciudadanos podrían pedir un desafuero para Estrada Ferreiro, por no hacer cumplir una ley vigente, y negarle derechos a grupos vulnerables.
