Amplían investigación por caso Tiburonario
La investigación por el colapso del Tiburonario de Mazatlán se extendió. La Fiscalía anticorrupción pidió dos meses más para poder recabar pruebas.
La ampliación de la investigación se solicitó ante el juez Juan Luis Quiñónez, en una audiencia donde se presentó Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas, quien es uno de los tres implicados en el caso.
Por el colapso del Tiburonario de Mazatlán el 1 de febrero de 2017, la Auditoría Superior del Estado hizo una fiscalización especial, la cual desembocó en una serie promociones de responsabilidades ante la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de Transparencia.
La acusación fue por haberse de avalado dos actas de fallo, en las que los ganadores no cumplieron con las bases y violaron el reglamento de Obras Públicas del Estado, según señalaron la Auditoría y la Fiscalía.
La primera licitación fue el 13 de septiembre de 2013 se emitió un fallo a favor de la empresa Osuna y Osuna Arquitectura, propiedad del arquitecto Omar Osuna Osuna.
En ese proceso se desecharon las propuestas técnico-económicas de las firmas Construcción, Mantenimiento y Servicios de Sinaloa SA de CV y la de Grupo Constructor Pelícano, SA de CV, pese a que sus propuestas eran de menor costo.
El segundo fallo se dio a conocer el 31 de mayo de 2016, cuando se anunció que Grupo Ecosistemas de México SA de CV, del empresario Antonio Roberto Becerra González, ganó la licitación E12-2016 y se desecharon propuestas de Constructora Marli, SA de CV; de Carlos Arturo Toalá Camacho, Constructora Sectsa, SA de CV, y Mazurbanizadora, SA de CV.
Por el caso, cuatro funcionarios y ex funcionarios fueron llamados a tribunales.
Uno de ellos fue Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; el segundo es Armando Trujillo Sicarios, ex jefe del Departamento de Concursos; también José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos; y Carlos Ramón López Castro, ex director de Contratos. Todos de la Secretaría de Obras Públicas.
La Fiscalía no pudo demostrar que tenía suficientes datos para iniciar un proceso en contra de Carlos Ramón López Castro, por lo que quedó sin efecto.
Ahora, ya se solicitó la ampliación de la investigación, y el juez dio hasta el 25 de abril como fecha fatal, para que en ese tiempo puedan completar pruebas periciales en grafoscopía, en ingeniería y entrevistas a funcionarios que participaron en la construcción del Tiburonario.
