Auditorías a cuentas públicas sin rendir resultados
Durante su última aparición ante los medios de comunicación el pasado 30 de noviembre, la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera afirmó que las investigaciones derivadas de las irregularidades detectadas en el análisis de la cuenta pública del segundo semestre de 2016 contra exfuncionarios de la administración de Mario López Valdez, siguen su curso, sin embargo, a casi 5 años de los posibles desvíos no ha habido sanciones.
En este caso inicialmente la auditoría presentó 13 denuncias, que derivaron en 6 órdenes de aprehensión contra Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud en Sinaloa, Jaime Otáñez García, ex director de atención médica de Servicios de Salud; María Alejandra Gil Álvarez, ex directora administrativa de la Secretaría de Salud; Rafael Lizárraga Favela, ex Secretario de Turismo José Luis Martínez Romero, ex jefe del departamento administrativo de Turismo.
Tras los procesos legales correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, los cargos fueron retirados para la mayoría de los funcionarios, a pesar de que tan solo en la secretaría de salud se hablaba de 985.9 millones de pesos de daño al erario público.
El único exfuncionario que fue obtuvo sentencia fue el exsecretario de salud Ernesto Echeverría, cuyo juicio concluyó en 2019 obligándolo a pagar, en abonos, la reparación del daño por un monto de 7 millones de pesos, además recibió inhabilitación por 8 años, sin embargo no hay claridad sobre el pago de esta suma ya que el pasado 22 de diciembre murió a causa del COVID-19.
Actualmente, son 3 exfuncionarios de la secretaría de administración y finanzas quienes tienen abierto un proceso legal, en cual se les acusa del desvío de 260 millones de pesos.
De acuerdo a los informes de la ASE, en lo que respecta a la actual administración estatal encabezada por Quirino Ordaz Coppel, hay una serie de irregularidades relacionadas con la construcción del estadio de fútbol en Mazatlán, por un lado no hubo piso parejo para las empresas que participaron en el proceso de licitación, y por otra parte, se señalan pagos excesivos y sobrecostos de la obra que rebasaron los 192 millones de pesos, sin que hasta el momento se haya abierto alguna investigación o algún tipo de proceso contra ningún funcionario.
