No es extraño ya encontrar en redes sociales videos de policías estatales, municipales, tránsitos, militares o Guardia Nacional amedrentando a la ciudadanía.
En Sinaloa existe un precedente muy claro sobre el abuso de autoridad de las Fuerzas Armadas; el cinco de enero del 2023 se vivio en la comunidad de Jesús María lo que se conoce como el segundo jueves negro, posterior a este hecho los pobladores de esta comunidad realizarón diversas manifestaciones denunciando que elementos de la Sedena habían cometido robos y atropellos hacía los ciudadanos aprovechando el caos, así mismo afirmarón que dejarón incontables lesiones fisicas y psicológicas en los habitantes.
En torno a esto la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Sinaloa ubica este hecho como un punto de referencia para la pérdida de confianza de los Sinaloenses hacía las Fuerzas Armadas, creencia que ha sido reiterado con otros hechos.
Otro caso importante se dio a inicios del 2024 en la comunidad de Oso Viejo, donde la muerte de Victor de 34 años de edad despertó el hartazgo de los pobladores, pues el joven fue encontrado el primero de abril en la zona serrana del poblado con evidentes signos de violencia que los habitantes atribuyen a las elementos de la Sedena, como consecuencia se armó una trifulca a las afueras de la base militar en dicha comunidad ocasionando la salida de la Sedena del poblado.
Lamentablemente estos hechos se han hecho más frecuentes en el Estado conforme continúan llegando cada vez más militares a la región, y se agravan al sentirse claramente respaldados por el Presidente de la República, Andres Manuel López Obrador quien ha fomentado, al igual que sexenios anteriores la militarización del país.
Cabe mencionar que tan solo en los primeros cuatro años de su administración López Obrador firmó 51 convenios de colaboración que transfirieron funciones o presupuesto civiles a las fuerzas armadas.
El caso más reciente que se viralizó en redes sociales fue por un video en el que se muestra a elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Elota deteniendo a un joven al cual trasladaban a algún lugar alejado de la zona urbana con intenciones desconocidas pero fueron detenidos por familiares del mismo joven.
Lamentablemente este tipo de abusos por parte de la Guardia Nacional suelen quedar impunes, pues la misma Ley de la GN los contempla como no graves, según un informe hecho por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH).
Para dar un panorama más amplio de la situación, es necesario señalar que en los últimos ocho meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido alrededor de 850 denuncias en contra de miembros de las fuerzas armadas.