Caso Lucila Ayala paraliza y divide al Congreso
Un proceso viciado por el Congreso y Gobierno del Estado para elegir magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa provocó un amparo en favor de Lucila Ayala de Moreschi, quien logró que se le reinstalara y, al mismo tiempo, se destituya a Héctor Samuel Torres Ulloa.
El amparo se anunció la última semana de marzo por un tribunal colegiado en Mazatlán, que integró un expediente de 278 páginas, en el que corrige una primera sentencia por un tribunal que negó la solicitud y enumera los errores que se cometieron.
La nueva resolución establece distintos puntos, entre ellos que el Congreso quite el nombramiento a Torres Ulloa y reinicie el proceso de designación de magistrados, sin embargo, eso provocó una discusión que terminó en parálisis y divisiones en el Poder Legislativo.
"Algo muy claro que este caso viene a evidenciar, es por eso la importancia de la separación de poderes, aquí hubo una decisión conjunta del Ejecutivo y del Legislativo, donde tenían muy claro una solicitud de que la magistrada de que se le diera su derecho de acuerdo al artículo cinco de la Ley para ser considerada para ratificada, incluso ni siquiera obligaba que en automático sea ratificada, sino considerada, entonces aquí hubo una actitud de negarle ese derecho", dijo Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política.
Ayala de Moreschi alegó que ella era magistrada al momento de la designación, y que tenía derecho a ser ratificada, pero tras solicitar al Congreso ser tomada en cuenta, como establece la Ley Orgánica, este Poder se lo negó, enviando una carta en la que se exponen distintos motivos.
Ese documento se entregó a otra persona y Ayala de Moreschi denunció ante los tribunales que no se le dio personalmente, por lo que no se enteró que había sido descartada y, por lo tanto, se vulneró su derecho de petición.
Además, eso ocurrió cuando aún le faltaban 10 días para que terminara su tiempo como Magistrada.
El tribunal colegiado falló en su favor, cuestionando al Gobierno de Quirino Ordaz Coppel y al Congreso del Estado por haber hecho una designación apurada, sin haber respetado los procesos de ley y con muestras de intención política viciada.
Por esos puntos, se ordenó que sea reinstalada, se le paguen los salarios y prestaciones que dejó de percibir, una suma que ronda los 3 millones de pesos, se reinicie el proceso.
Paralizan al Congreso
El Congreso deberá hacer una serie de acciones que garanticen que la nueva elección de magistrado para el Tribunal de Justicia Administrativa no tenga los mismos errores como con Lucila Ayala de Moreschi, pero primero debe leerse en el Pleno la resolución y votar nuevos acuerdos, los cuales dividieron al Congreso.
Mientras Morena va por avalar los puntos, el grupo parlamentario del PRI cuestiona las formas en que se llevará a cabo el nuevo proceso, lo que causó una discusión que se amplió en un receso.
"Puntualizar que el grupo parlamentario del PRI somos conscientes que las resoluciones jurisdiccionales son para acatarse, no estamos en contra del cumplimiento a la misma literalmente como vienen plasmados en los resolutivos, ni habremos nosotros de ser obstáculo para dar cumplimiento en la misma, porque entonces seríamos omisos y tendríamos una responsabilidad por no hacerlo" , expresó Gloria Himelda Félix Niebla, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI.
Para definir, el Congreso se paralizó para discutir en la Junta de Coordinación Política las posturas de los asesores de ambas fracciones, y determinar qué es lo que será leído en el Pleno.
¿Cuál es el proceso que debe seguirse en el caso Lucila Ayala de Moreschi?
La sentencia en favor de Lucila Ayala de Moreschi provocará una serie de eventos:
Primero, se debe dejar sin efecto el nombramiento de Héctor Samuel Torres Ulloa como Magistrado.
Segundo, dejar sin efecto el oficio que se le hizo llegar hace dos años para descartar a Lucila Ayala de Moreschi en la terna de selección.
Tercero, reiniciar el proceso de notificación sobre la petición de ser ratificada a Lucila Ayala de Moreschi.
Cuarto, reinstalar a Ayala de Moreschi y hacerle el pago de sus salarios y prestaciones caídos, que suman los 3 millones de pesos.
Quinto, reiniciar el proceso de selección para magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.