La crisis forense que enfrentan gran parte de las Fiscalías en el país no es ya una novedad, sin embargó a pesar de ser un problema identificado y señalado reiteradamente no parece estar siendo atendido por las autoridades que solo ven como cifras a los miles de desaparecidos que reposan en los servicios forenses.
Una víctima de esta crisis forense es Alberto de Jesús y su familia, el joven que desapareció el 25 de mayo del 2020 fue encontrado cinco meses después, sin embargó la Fiscalía del Estado en Sinaloa no entregó su cuerpo hasta el pasado siete de junio del año en curso.
El colectivo de madres buscadoras Sabuesos Guerreras denunció que la madre del joven desaparecido salió muy molesta de la FGE el pasado cuatro de julio por la falta de avances en el caso de su hijo y por que la solicitud que hizo desde el 2020 de buscarlo entre los cuerpos del Semefo había sido ignorada reiteradamente, dos días después, el seis de julio, es citada en la Fiscalía para identificar el cuerpo de Alberto de Jesús que se encontraba en el semefo desde el dos de octubre de 2020.
Derivado de este caso los colectivos de madres buscadoras exigen la atención del gobierno del Estado, pues temen que muchos de los hijos que buscan en situación de calle, en los hospitales, penales y fosas clandestinas podrían estar ya en la Fiscalía General del Estado.
Como prueba de que este no es un hecho aislado ni un problema nuevo está el caso de Eleazar Hernández,un joven que desapareció el 16 de diciembre de 2017 en una competencia de baile en Guadalajara, su cuerpo fue encontrado unos días después en un tráiler abandonado con muchos cuerpos más sin embargo su madre, Reina Torrecillas, tuvo que buscarlo durante ocho meses para enterarse que estaba ya en el semefo, y dos semanas más para poder regresarlo a Sinaloa.
Es necesario mencionar que Sabuesos Guerras señala que en Sinaloa existen al menos dos mil 300 cuerpos y osamentas sin identificar, cifra que se espera disminuir con el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana inaugurado hace casi seis meses, para el cual el Gobierno de Sinaloa invirtió 75 millones de pesos y sigue sin operar.