Con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó este viernes una reforma para restringir la minería que reduce los tiempos de las concesiones mineras y facilita cancelar los permisos, medidas que crearían roces en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con el apoyo de los partidos aliados del Gobierno, los diputados aprobaron durante la madrugada las modificaciones a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La reforma permitirá que el Gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia por daños al medioambiente.
Mientras que la ley actual otorga las concesiones mineras por 50 años con derecho a prórroga, la nueva legislación reduce a 30 años la duración de los permisos, con solo una prórroga de 25 años, tras la que las empresas deben volver a concursar.
En un inició el presidente, Andrés Manuel López Obrador, había propuesto reducir la duración de las licencias a solo 15 años con solo una prórroga.
Si el Senado aprueba la reforma, también prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
La diputada Raquel Bonilla, de Morena, dijo que las modificaciones "tienen como objetivo que la nación recupere la rectoría de los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo para evitar su sobreexplotación".
El legislador Joaquín Zebadúa, también de Morena, denunció que las mineras evaden impuestos por 19,000 millones de pesos (más de 1,055 millones de dólares) y que en los gobiernos anteriores hubo más de 1,600 concesiones en áreas naturales protegidas.
Mientras que el diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo (PT), aliado del Gobierno, mencionó que el 62 % de las minas metálicas en México no cuentan con concesiones de agua, 55 % no tiene datos sobre emisiones de contaminantes, y 51 % opera en acuíferos sin disponibilidad de agua.
Las reformas obligarían a las compañías del sector a devolver al menos el 10% de los beneficios a las comunidades y a revelar el impacto de sus operaciones.
El año pasado, López Obrador defendió la nacionalización de la incipiente industria del litio del país, favoreciendo la creación de una empresa estatal para la extracción del codiciado metal de las baterías, en otra medida que, según los analistas del sector minero, reduce el apetito de los inversores.
Mientras que la oposición acusó a la alianza del Gobierno de votar la reforma en "fast track", como se dice cuando la mayoría en el Congreso apresura una votación sin consenso.