Diputados de Sinaloa aprueban Reforma Judicial
Con 31 votos a favor, 1 en contra, y la ausencia de 7 legisladores, los diputados del Congreso del Estado aprobaron la Reforma Constitucional al Poder Judicial en Sinaloa.
La noche de este 11 de septiembre, la Reforma Judicial fue discutida en 'fast track' en el Congreso Local.
Durante la sesión, solo la diputada del PAN, Geovanna Morachis, expresó su rechazo a la reforma, argumentando que los cambios propuestos van en contra de la división de poderes. Morachis subrayó la importancia de mantener el equilibrio entre los poderes del Estado y advirtió sobre los riesgos que implica la aprobación de dicha reforma.
Destacó la ausencia de los demás diputados de oposición, entre ellos los cinco representantes del Partido Sinaloense y el único legislador del PRI, lo que provocó preocupación por la falta de un debate más extenso y plural.
Una vez aprobada la reforma, la sesión fue rápidamente clausurada por la Gloria Himelda Féliz Niebla, Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, por lo que ahora el Congreso debe informar a la Federación para avanzar en los procesos legales.
Con esta aprobación, Sinaloa se convierte en el estado número 15 en respaldar la reforma, sumándose a los Congresos de Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, que ya han votado a favor.
Para que la reforma entre en vigor, se requiere la aprobación de dos Congresos estatales más, ya que es necesario que más de la mitad de los 32 legislativos locales, es decir, al menos 17, la respalden.
¿De que trata la nueva Reforma Judicial?
El Congreso de Sinaloa aprobó la Reforma Judicial, argumentando que busca democratizar el sistema judicial al establecer que jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto universal, libre, directo y secreto de los ciudadanos. La reforma también elimina el Consejo de la Judicatura Federal, reemplazándolo con un órgano administrativo especializado, que se mantendría independiente y autónomo en sus funciones, separado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además, supuestamente se prevé la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, compuesto por cinco magistrados elegidos por voto popular, lo que, según el Congreso, garantizará legitimidad democrática e independencia en la toma de decisiones. Este Tribunal tendrá el poder de recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial, con el objetivo de asegurar el acceso a la justicia, combatir la discrecionalidad y erradicar la corrupción.
En ese sentido la reforma también estipula que ningún funcionario judicial podrá ganar más que el presidente de la República, y que, en casos de delincuencia organizada, se podrán implementar medidas para garantizar la seguridad y el anonimato de los jueces, conforme a la ley.