José Manuel Arreola Macías, director jurídico de la Compañía Azucarera de Los Mochis, fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva por el delito de fraude genérico en contra de la empresa Copasa por un monto de 6 millones de dólares.
Francisco Javier Paredes, representante legal de la empresa Copasa, demandó a los dueños del Ingenio de Los Mochis Alejandro Elizondo, Rodolfo de la Vega y José Manuel Arreola Macías por presunto fraude genérico.
Esa deuda surgió cuando los dueños del Ingenio de Los Mochis invitaron a Paredes y a otros seis empresarios más a participar en la zafra de 2014. Esa fue la última que se realizó, porque después se declararon incompetentes y dejaron de pagar a los empleados y a los inversionistas no les dieron su utilidad en azúcar que les correspondía.
El Ingenio de Los Mochis arrancó el 19 de mayo, y comenzó a entregar el producto hasta que Elizondo, De la Vega y Arreola se declararon incompetentes el 7 de julio de ese año.
Al término de la zafra, el 27 de julio, no se completó lo que se compró por los inversionistas, y, en cambio, los recursos estaban siendo abonados a las cuentas de los dueños del Ingenio de forma directa sin reportarlo en el grupo.
El 11 de mayo de este 2018, un juez en Los Mochis concedió "providencias precautorias" para congelar 12 cuentas bancarias y las empresas Procavelf y Tamandaro, propiedad de De la Vega, y Agrocapital del Noroeste, de Alejandro Elizondo. Esta última firma es una de las principales operadoras de Grupo Ceres.
Después de las providencias precautorias, Paredes, a través de sus asesores legales y la Fiscalía General del Estado, solicitaron iniciar un proceso penal en contra de los dueños del Ingenio.
El caso se alargó, pues ninguno de los tres empresarios del Ingenio se presentó a las audiencias a las que fueron citados, y luego promovieron solicitudes de amparo, los cuales perdieron por incumplimiento en las medidas establecidas por los jueces federales.
Después de esa transición legal que duró más de un año, José Manuel Arreola Macías se presentó ante los juzgados para una audiencia que duró más de 12 horas y en la que se dictó prisión preventiva justificada por tener precedente de incumplimiento ante requerimientos del juez.
Esa prisión durará al menos 90 días, tiempo que se otorgó para la investigación complementaria de parte de los abogados de Copasa y la Fiscalía.