Indocumentados en Estados Unidos enfrentan dilema con nuevo registro
A partir de este viernes, millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se verán ante una difícil decisión: inscribirse en un nuevo registro nacional que exige proporcionar huellas dactilares, lo que podría ponerlos en la mira de las autoridades para su deportación, o enfrentarse a castigos que podrían incluir penas de cárcel.
Esta medida, conocida como el "Requisito de Registro de Extranjeros", fue anunciada por el Gobierno del presidente Donald Trump en marzo pasado y busca presionar a los inmigrantes para que abandonen el país por su propia cuenta.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó que el 11 de abril entra en vigor esta medida, que obliga a todos los extranjeros indocumentados mayores de 14 años que han permanecido en el país por más de 30 días a inscribirse en el registro.
Aquellos con hijos menores de 14 años deberán registrar también a los pequeños, aunque no se les tomarán huellas dactilares. Además, los inmigrantes deberán llevar consigo el comprobante de inscripción en todo momento.
Para facilitar el proceso, USCIS ha habilitado en su sitio web una plataforma donde los inmigrantes pueden crear una cuenta personal e iniciar el registro, proporcionando información sobre su lugar de residencia, fecha de ingreso al país y antecedentes criminales, entre otros detalles.
Sin embargo, la medida ha generado gran preocupación entre la comunidad inmigrante, que se enfrenta a un dilema ético y legal sobre si cumplir con el requisito o no.
Carlos Cifuentes, un inmigrante indocumentado que llegó a Estados Unidos hace más de 15 años, expresó su incertidumbre ante la medida. "Por el lado que usted vea las opciones nos perjudican a nosotros", comentó, reflejando el temor generalizado entre los indocumentados.
En respuesta, activistas y abogados de inmigración han llamado a la comunidad a no inscribirse, argumentando que la orden ejecutiva de Trump es inconstitucional. Alex Gálvez, un abogado especializado en inmigración, señaló que el requerimiento viola la Quinta Enmienda de la Constitución, que protege a las personas de la autoincriminación.
Mientras tanto, un tribunal federal en Washington está considerando una demanda presentada por cuatro organizaciones comunitarias que buscan bloquear la medida. En la primera audiencia del caso, el juez Trevor McFadden, designado por Trump, mostró simpatía por los demandantes, quienes argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no siguió los procedimientos adecuados para implementar esta norma. Según el DHS, la medida afectaría entre 2.2 y 3.2 millones de personas, aunque los demandantes advierten que el número real podría ser mucho mayor.
Las organizaciones que demandan al gobierno también han expresado preocupaciones sobre los posibles abusos que esta norma podría generar. Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración, advirtió que la medida "pone en peligro las libertades y los derechos de millones de personas que viven aquí".
Los activistas esperan que el tribunal imponga un bloqueo antes de la fecha de implementación, aunque, en caso de que esto ocurra, la Administración Trump probablemente apelará la decisión ante la Corte Suprema.
El registro es parte de una serie de medidas impulsadas por la Casa Blanca para cumplir con las promesas de campaña del presidente Trump relacionadas con las deportaciones masivas. Además del registro, el gobierno ha alcanzado acuerdos con el Departamento de Rentas Internas (IRS) para acceder a información privada de las declaraciones de impuestos de ciertos inmigrantes, lo que también ha generado controversia.
La comunidad inmigrante se encuentra en una situación de incertidumbre y temor, mientras espera que los tribunales tomen una decisión que podría determinar el futuro de millones de indocumentados en Estados Unidos.