Perdonan a Sánchex Félix en caso Tiburonario
Dionisio Sánchez Félix, implicado en el caso Tiburonario, le ganó a la Fiscalía Anticorrupción ante los juzgados, porque esta no demostró que es un posible culpable del colapso de la obra en Mazatlán.
La defensa del ex director de control administrativo de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado, señaló que las acusaciones no comprometían directamente a su defendido.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, Sánchez Félix aprobó dos licitaciones a modo en favor de dos empresas, las cuales provocaron el colapso del Tiburonario, incurriendo en el delito de ejercicio indebido del servicio público por no advertir de la irregularidad en la contratación.
Los ganadores no cumplieron con las bases y violaron el reglamento de Obras Públicas del Estado, según señalaron la Auditoría y la Fiscalía.
La defensa de Sánchez Félix también alegó que los posibles culpables del colapso fueron las empresas que ejecutaron la obra, así como los encargados de la supervisión y el pago de la misma, en este caso funcionarios dependientes la Secretaría de Administración y Finanzas.
Sin embargo, la Fiscalía no hizo acusaciones en contra de las empresas o de Administración y Finanzas.
"Se nos concede la suspensión por estar apegado a derecho, por no existir la base económica que se le puede imputar a él como reparación del daño causado, en ningún momento su actuar causó daño a la obra", Luis Navidad, abogado de Dionisio Sánchez Félix.
La defensa también cuestionó por qué Gobierno del Estado no exigió que las empresas hicieran válidos los seguros que incluyeron en los contratos de obra, los cuales no generaban un daño al erario, sino que ello debió haber sido aplicado.
El juez decretó que la defensa tenía la razón y que por lo tanto debía aceptarse el recurso de suspensión condicional del proceso, que le permite a Sánchez Félix evitar un juicio en su contra y al mismo tiempo evitar la cárcel.
La condición del juez fue que Sánchez Félix no dejara su domicilio ubicado en la colonia Chapultepec en un periodo de 12 meses, calculando que en ese tiempo se podría acabar de investigar y juzgar el caso por el que todavía hay dos implicados.
*Tiburonario, el caso "difícil" para la Fiscalía *
El Tiburonario de Mazatlán resultó ser un caso difícil para la Fiscalía Anticorrupción.
Por el colapso del Tiburonario de Mazatlán el 1 de febrero de 2017, la Auditoría Superior del Estado hizo una fiscalización especial, la cual desembocó en una serie promociones de responsabilidades ante la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de Transparencia.
La acusación de la Fiscalía Anticorrupción fue el haberse de avalado dos actas de fallo, en las que los ganadores no cumplieron con las bases y violaron el reglamento de Obras Públicas del Estado, según señalaron la Auditoría y la Fiscalía.
De forma penal, la Fiscalía presentó a cuatro implicados:
Armando Trujillo Sicarios, ex jefe del Departamento de Concursos; José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos; Carlos Ramón López Castro, ex director de Contratos. Todos de la Secretaría de Obras Públicas; y Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo.
La Fiscalía no pudo demostrar que tenía suficientes datos para iniciar un proceso en contra de Carlos Ramón López Castro, por lo que quedó sin efecto, y ahora se suma Sánchez Félix, que ganó una suspensión condicional del proceso.
