Presentan cinco iniciativas legislativas en el Congreso de Sinaloa
El Congreso del Estado de Sinaloa presentó cinco iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a diversas leyes, enfocadas en mejorar el proceso legislativo, la participación ciudadana y áreas clave como la justicia laboral, vivienda y consultas populares.
Consultas populares
El diputado Serapio Vargas Ramírez propuso reformas a la Ley Orgánica del Congreso del Estado y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que el Instituto Electoral del Estado se encargue de las consultas populares solicitadas por el Poder Legislativo. La idea es garantizar que se realicen conforme a las leyes vigentes y que puedan ser tanto específicas como generales.
Mejoras al proceso legislativo?
El Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Congreso, proponiendo la inclusión obligatoria de una sección de Asuntos Generales en el Orden del Día de las sesiones ordinarias del Congreso. Además, se plantea que se consideren urgentes aquellas iniciativas relacionadas con emergencias naturales, crisis sanitarias y temas de seguridad pública.
Reforma en la justicia laboral
El Grupo Parlamentario del PAS busca reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para que los procedimientos laborales, actualmente manejados por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, sean competencia de los Juzgados de Primera Instancia. Esta reforma busca agilizar los procesos y facilitar el acceso a la justicia laboral.
Vivienda para comunidades indígenas
El Grupo Parlamentario del PVEM presentó una propuesta para modificar la Ley de Vivienda, con el objetivo de incluir a las comunidades indígenas en las políticas públicas sobre vivienda. Se propone asignar al menos el 10% de las acciones de vivienda generadas por la Comisión de Vivienda del Estado para estas comunidades, además de promover proyectos de vivienda vertical y arrendamiento.
Presupuesto participativo
Por último, el Grupo Parlamentario del PAN planteó una reforma a la Constitución del Estado para establecer un presupuesto participativo, donde los ciudadanos puedan decidir sobre el destino de un porcentaje del presupuesto de egresos anual. La propuesta también incluye consultas y debates para determinar cómo se deben asignar estos recursos.