Los estados insulares de Vanuatu, Fiji y Samoa, en el sur del océano Pacífico, presentaron este lunes un escrito ante la Corte Penal Internacional (CPI) en Nueva York, proponiendo que el tribunal reconozca formalmente el ecocidio como un delito, junto al genocidio y los crímenes de guerra.
Según la Fundación Stop Ecocidio, la propuesta define el "ecocidio" como cualquier "acto ilícito o arbitrario realizado con pleno conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente". Esta definición fue establecida en 2021 por un Panel de Expertos Independientes, integrado por juristas de todo el mundo, y ha ganado respaldo jurídico y político. Si la propuesta avanza, la CPI podría procesar a individuos penalmente responsables de acciones que hayan causado graves daños ambientales, como vertidos masivos de petróleo, tala de bosques tropicales primarios o destrucción de sistemas fluviales enteros.
Las actividades que pueden ser consideradas ecocidio incluyen:
Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional, declaró que "introducir el ecocidio como crimen internacional es crucial porque hace que quienes ocupan puestos de responsabilidad superior, como altos ejecutivos y responsables políticos, rindan cuentas por decisiones que podrían conducir a una grave destrucción del medioambiente".
Vanuatu ha presentado al Grupo de Trabajo sobre Enmiendas de la Asamblea de la CPI una propuesta formal de reforma del Estatuto de Roma para incluir el delito de ecocidio. Esta iniciativa, respaldada por Fiji y Samoa, refleja la importancia que tiene para los llamados "Pequeños Estados Insulares en Desarrollo" (PEID) que la justicia ambiental sea considerada.
Mehta agregó que "el objetivo principal es, en última instancia, proteger: se trata de disuadir. El derecho penal crea poderosos límites morales y jurídicos, dejando claro que los niveles extremos de daño no solo son ilegales, sino inaceptables". En la legislación internacional, Bélgica ya reconoce el delito de ecocidio en sus leyes, y el Parlamento Europeo anunció en marzo su apoyo a la inclusión del "ecocidio" en la Directiva revisada de la UE sobre delitos medioambientales.
Se estima que la extinción de especies ocurre a un ritmo alarmante, con un 70% de las reservas pesqueras del mundo sobreexplotadas y un aumento en el número de desastres ecológicos
En México, el proyecto del Tren Maya, una de las obras más criticadas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha causado un grave ecocidio en la selva del sureste del país: