Rector y comité de adquisiciones de UAS vinculados a proceso

Según la FGE, los hechos están relacionados con la contratación de obra pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa con la empresa del esposo de la Secretaria académica de la Facultad de Informática Yareli "L".

En la Causa Penal 691/2024 que derivó del Cuadernillo Penal 1231/2023, se obtuvo vinculación a proceso de todos los imputados después de haberse diferido en cinco ocasiones la audiencia inicial.

Como medidas cautelares a los imputados Jesús "M", Soila Maribel "G", Jorge "P", Óscar Orlando "G", Salvador "P" y Héctor Melesio "C", se les impuso la presentación periódica mensual ante la UMECA, la prohibición de salir del país, y la suspensión temporal del cargo para Jesús "M" y Jorge "P". Jesús "M" está acusado de ejercicio indebido del servicio público, y Jorge "P" de desempeño irregular de la función pública. Se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

La audiencia inicial fue diferida en cinco ocasiones debido a que los imputados y sus defensores revocaban a sus representantes legales para retrasar el proceso, haciendo un uso abusivo del derecho a nombrar libremente a su defensor. Finalmente, en la última audiencia, los imputados volvieron a nombrar a los defensores que habían tenido en las primeras dos audiencias de octubre y diciembre de 2023.

En la audiencia inicial, la Fiscalía General de Sinaloa presentó al juez de control las pruebas contenidas en la carpeta de investigación, y el órgano jurisdiccional consideró que había indicios razonables para emitir el auto de vinculación a proceso contra todos los imputados por los delitos solicitados.

De las facturas emitidas a favor de la UAS en 2021 y 2022, se tiene que en 2021 se emitieron 47 facturas por un total de $10,898,756.63 millones, y en 2022 se emitieron 81 facturas por un total de $10,065,506.40 millones, sumando un total de 128 facturas por $20,964,263.03 millones. No hubo facturas canceladas.

El dueño y socio de la empresa Arquitectos Constructores de Sinaloa, César Abraham "C", aportó diversos datos de prueba, incluyendo estados de cuenta bancarios y una relación detallada de las facturas emitidas, que muestran pagos recibidos de la UAS: 15 transferencias por $3,675,621.97 millones en 2021, y 31 transferencias por $4,231,893.34 millones en 2022, sumando un total de $7,907,515.31 millones. Estos montos superan el límite para que la contratación de obra se hubiera hecho por licitación pública.

César Abraham "C" ha cooperado con la Procuración de Justicia al suministrar la información requerida por la FGE, contrario a las diversas solicitudes realizadas a los funcionarios de la UAS que hasta la fecha no han proporcionado la información solicitada.

Con la vinculación a proceso de los funcionarios de la UAS, se aclara que no se viola la Autonomía Universitaria. Los imputados son servidores públicos, y no se trata de un ataque a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Al contrario, se protege a la universidad para que los recursos públicos se utilicen conforme a la ley que rige el servicio de obra pública, como se explicó al juez de control en la audiencia inicial. La FGE actúa apegada a la legalidad.

El Subsidio Estatal Ordinario que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa transfirió a la UAS fue de $2,114,770,127.00 millones en 2021 y $2,598,761,546.72 millones en 2022.