El primero de septiembre de este año, en medio de manifestaciones e irregularidades, inició en el congreso de la Unión la discusión para la aprobación de la reforma al poder judicial de la federación, la cual fue aprobada y pasada al Senado de la república, donde la iniciativa fue votada en una sede alterna y aprobada gracias al voto decisivo del Senador del PAN Miguel Angel Yunes Marquez.
Este proceso causó un gran descontento en diferentes sectores sociales que acusaron que no fueron tomados en cuenta a pesar de las marchas y distintas manifestaciones que se hicieron en contra de esta reforma, llegando incluso a tomar el pleno del Senado de la República.
Después del Senado la reforma fue pasada a los congresos locales, donde debía ser aprobada por al menos 17 Estados, hecho que se logró en un plazo récord de 24 horas.
Son estas condiciones irregulares y tiempos express lo que los abogados ven como una oportunidad para desechar la reforma con procesos judiciales y apoyo de tribunales internacionales.
Al respecto el presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados (FAS) en Sinaloa Franciso Villarreal Gastelum comentó que es necesario que se haga una revisión legal de las condiciones en las que fue aprobada la reforma y las violaciones que se cometieron hacia los amparos interpuestos contra la misma.
Por su parte los jueces y trabajadores del poder judicial afirman que esta reforma no eliminará la corrupción en el sistema judicial como plantean los legisladores de Morena, sino que la incrementará al poner intereses políticos sobre los jueces y magistrados.
Cabe mencionar que el pasado 24 de septiembre una jueza federal emitió una suspensión definitiva y ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar la publicación de la reforma judicial del diario oficial de la Federación, esto al considerar que la misma puede causar daños irreparables al PJF y a la sociedad.