Reformas al PJ pudiera provocar la politización de justicia
La propuesta de reforma al Poder judicial ha provocado incertidumbre entre la comunidad jurídica y las propias autoridades de este organismo, no solo por el cese de jueces Federales y Estatales, sino también por la forma en que se quiere definir a quienes ocuparían estos puestos.
La Jueza del Segundo Juzgado de Distrito, Marlén Ángeles Tovar, declaró que si se llegan a aprobar estas reformas, estarían llegando personas improvisadas y la justicia podría politizarse, con personal vinculado al instituto político en turno.
Con el cese de 1700 juzgadores federales y 5000 estatales de las 32 entidades federativas, para que quienes ocupen estos puestos sean elegidos por el pueblo, no se tomaría en cuenta la trayectoria e integridad de los cesados, incurriendo en un acto arbitrario, contrario a lo que mandata la Constitución, tratados internacionales a los que México está adherido, pero tampoco se valoraría la experiencia y preparación de los nuevos elegidos, e incluso también se podrían incorporarse a personas ligadas al crimen organizado.
Marlén Ángeles Tovar reiteró que estas reformas al Poder Judicial ponen en riesgo la impartición de justicia y el estado de derecho, la División de Poderes e independencia judicial, y sobre todo el orden democrático, aclarando que incluso el proceso para la elección es erróneo también, porque los candidatos a jueces serán propuestos por el Presidente de la República, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la Corte y luego se enlistarán para turnarse a la autoridad electoral, quien organizará la elección, "sin financiamiento público o privado", pero tendrá un costo de 3,500 a 7,000 mdp, según fuentes oficiales.
Lo más complicado es que estos nuevos jueces y magistrados entrarían en funciones el siguiente año, sin previo conocimiento de los más de 1 millón de asuntos federales y 2 millones de tramites estatales en turno.
Los Jueces y magistrados que se dieron cita indicaron que coinciden en que sí se requiere una reforma, pero que sea integral, incluyendo la procuración y administración de justicia, con la intervención de funciones de la Fiscalía General y Locales, Policías Federales, Estatales y Municipales, ya que su con ello se puede acreditar la inocencia o responsabilidad de los presuntos implicados en el delito.
Finalmente hicieron un llamado a los integrantes de la Judicatura Federal y del Estado, la comunidad estudiantil y académica, así como a las egresados de las escuelas de Derecho, litigantes para trabajar y construir una reforma integral.
