Sheinbaum y DOF obligados a retractarse de reforma judicial
El Juzgado 19 de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, ha emitido una suspensión definitiva que ordena a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, eliminar la publicación del decreto que valida la reforma judicial. Esta decisión se basa en el juicio de amparo 823/2024, donde se establece un plazo de 24 horas para cumplir con la orden, contadas a partir de la notificación de la resolución.
La jueza Nancy Juárez Salas argumentó que las autoridades fueron omisas al no cumplir con una suspensión provisional dictada el 12 de septiembre, que prohibía la promulgación y publicación de la reforma. A pesar de haber sido notificadas el 13 de septiembre, continuaron con el proceso. La jueza también destacó que tanto la presidenta como el DOF no presentaron el informe requerido sobre el cumplimiento de dicha suspensión.
En caso de desacato a esta nueva resolución, se prevé que se dé vista al Ministerio Público por un posible delito conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. Este artículo establece consecuencias severas, incluyendo penas de tres a nueve años de prisión, multas y destituciones
La decisión ha generado un debate considerable entre abogados y expertos en derecho. Algunos señalan que esta suspensión definitiva puede ser impugnada mediante un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, lo cual podría prolongar el proceso durante meses. Sin embargo, es importante aclarar que este tipo de decisiones no implica una destitución inmediata o inhabilitación del cargo; para ello, se deben agotar todas las instancias legales, lo que puede llevar años hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La jueza Juárez Salas enfatizó en su resolución que las autoridades deben actuar dentro del ámbito de sus competencias para eliminar la publicación del decreto reformatorio realizado el 15 de septiembre. La falta de cumplimiento podría resultar en acciones legales adicionales contra las autoridades responsables.
La situación también tiene repercusiones políticas significativas. La reforma judicial ha sido objeto de controversia desde su propuesta, y su eventual eliminación podría afectar los planes legislativos del gobierno actual. La presidenta Sheinbaum ha enfrentado críticas por su manejo del tema, y esta orden judicial añade presión sobre su administración para actuar conforme a las decisiones del poder judicial
