Desde el 9 de septiembre de 2024, Sinaloa ha experimentado un incremento significativo en la violencia, afectando gravemente la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos en el estado, sobre todo en Culiacán.
Durante este periodo de septiembre a febrero de 2025, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha otorgado 333 medidas de protección, beneficiando a 93 personas, de ellas 42 son periodistas, 35 defensores de derechos humanos y 16 familiares de ambas partes.
El líder de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, lamentó la situación que atraviesan los comunicadores, ya que por el hecho de estar realizando su trabajo, sean intimidados y amenazados por parte del crimen.
Jesús Bustamante dijo que en los últimos años, se tienen más de mil reportes de agresiones y amenazas a periodistas en Sinaloa, pero de septiembre a la fecha, son 42 las actas ante el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo cual representa un repunte de manera significativa de este delito.
Bustamante Rivera, dijo que seguirán luchando para que la Fiscalía Especializada para Delitos contra Periodistas sea una realidad, ya que no solo es suficiente tomar medidas cautelares, si no que hay que aplicar la justicia, para lograr disminuir las agresiones contra el gremio periodístico.
Las agresiones más comunes incluyen amenazas, ataques armados a medios de comunicación, daños a vehículos y viviendas, lesiones, privaciones de libertad y actos de censura, destacó Bernal Arellano.
Ante estos casos de agresiones, se han implementado medidas como apoyos económicos para reponer equipos sustraídos, protección policial permanente y, en casos extremos, el traslado de periodistas y sus familias fuera del estado, en este último caso, en los últimos años se han tenido que enviar a dos comunicadores fuera de Sinaloa por su seguridad y de sus familiares.
Oscar Loza, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, externó su apoyo al gremio periodístico y dijo que ante cualquier sospecha o situación que represente una amenaza a su persona o su trabajo, acuda a la comisión a su cargo a presentar la denuncia y darle el apoyo que se requiera.
Ante esta situación, más de 80 organizaciones y personas han exigido al gobierno federal y estatal que implementen medidas urgentes para garantizar la seguridad en el estado ya que la escalada de violencia en Sinaloa ha generado un entorno de alto riesgo para periodistas y defensores de derechos humanos, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de sus labores.