Trump borra a migrantes del mapa: los da por muertos
La Administración de Donald Trump ha incluido a más de 6 mil migrantes, en su mayoría latinos, en la base de datos de personas fallecidas del Seguro Social, según reveló este viernes el diario The Washington Post.
La medida elimina su acceso a empleos formales, beneficios sociales y trámites migratorios, como parte de una estrategia para forzar su salida del país.
La orden fue emitida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, bajo el argumento de "seguridad nacional", según explicó un funcionario de la Casa Blanca al periódico. Esta política se formalizó en dos memorandos internos firmados esta misma semana, que permiten catalogar a migrantes como fallecidos aunque estén vivos.
Los afectados son principalmente personas que habían ingresado legalmente bajo programas implementados por el expresidente Joe Biden (2021-2025), pero que ahora han perdido su estatus migratorio. También incluye a quienes están registrados en la Seguridad Social pero carecen actualmente de documentación válida.
De acuerdo con The Washington Post, el Gobierno de Trump planea ampliar esta medida a más de 92 mil migrantes que tengan alguna condena penal. "El presidente Trump prometió deportaciones masivas. Al eliminar los incentivos monetarios, animaremos a los migrantes a autodeportarse", señaló Elizabeth Huston, vocera de la Casa Blanca.
Algunas de las personas incluidas en la lista figuran también en la base de datos del FBI sobre vigilancia terrorista, según fuentes del medio. No se han dado detalles sobre los criterios específicos utilizados para esta clasificación.
Funcionarios del Seguro Social han expresado dudas sobre la legalidad de esta práctica. Advirtieron que incluir a personas vivas en el registro de fallecidos podría violar leyes federales de privacidad y poner en riesgo la credibilidad del sistema.
Esta nueva ofensiva migratoria se suma a otras decisiones polémicas del actual Gobierno, como la cancelación de permisos migratorios de la era Biden, la creación de una app para solicitar deportaciones "voluntarias" y el envío de presuntos miembros del crimen organizado a cárceles de máxima seguridad en El Salvador.
La política ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes denuncian que estas acciones aumentan la vulnerabilidad de comunidades migrantes y podrían llevar a separaciones familiares, desempleo forzado y deportaciones arbitrarias.