El 8 de agosto de 2022, agentes del FBI llevaron a cabo un allanamiento en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, con el propósito de recuperar documentos clasificados. Durante la operación, se lograron recuperar archivos del Pentágono y de la CIA, que, según la investigación, se estaban guardando en condiciones inseguras.
Donald Trump, candidato presidencial por el Partido Republicano, presentó una demanda en la que acusó al Fiscal General Merrick Garland y al director del FBI, Christopher Wray, de intentar perjudicarlo. Según la demanda, el allanamiento y la posterior acusación contra Trump no debieron haberse autorizado, ya que el protocolo establece que no se deben usar medios coercitivos contra expresidentes para obtener documentos de Estados Unidos.
La demanda se basó en la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA), que permite a las personas buscar una compensación del gobierno si sufren daños físicos, pérdida de vida o daños a la propiedad debido a la conducta negligente de un empleado federal.
Trump demandó al Departamento de Justicia por 100 millones de dólares en daños y 15 millones en gastos legales.
La demanda sostiene que los cargos penales presentados tras el allanamiento afectaron su situación económica y su reputación, obligándolo a gastar decenas de millones de dólares en su defensa. Además, Trump acusó al Departamento de Justicia de intentar obstruir su campaña de reelección y alegó que la demanda revelará supuestas irregularidades políticas en la administración Biden.
El expresidente enfrentó 31 cargos por la retención intencionada de información de defensa nacional y por negarse a devolver documentos secretos que había llevado consigo de la Casa Blanca al finalizar su mandato en 2021. No obstante, un juez federal desestimó el caso al considerar ilegal el nombramiento del fiscal especial Jack Smith como líder de la investigación.
La evidencia clave contra Trump incluyó una grabación en la que discutía la posesión de documentos secretos no desclasificados, alrededor de 100 documentos clasificados encontrados durante el allanamiento, y las imágenes de vigilancia entregadas al Departamento de Justicia que mostraban a Nauta, en ese momento suboficial de la Marina de EE.UU., y al empleado de mantenimiento del resort, Carlos Oliveira, moviendo cajas de documentos.
Actualmente, el Departamento de Justicia está apelando la decisión de la jueza de distrito Aileen Cannon de desestimar el caso Mar-a-Lago, y tiene un plazo de seis meses para responder a la demanda presentada por Trump.