Universitarios resuelven procesos penales mediante acuerdo legal

Los procesos penales derivados del diferendo entre la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el Gobierno del Estado se resolvieron mediante un acuerdo legal apegado a derecho, sin juicio, y a través de la figura de "suspensión del proceso a prueba". Según el abogado defensor Milton Ayala Vega, los casos no involucraban desvío de recursos, sino un incumplimiento administrativo relacionado con la Ley Estatal de Adquisiciones por no licitar bienes.

Dos de los involucrados, Salvador Pérez Martínez y Manuel de Jesús Lara Salazar, solicitaron esta figura jurídica que permite culminar el proceso sin juicio, mediante un acuerdo aprobado por un juez. Como parte del acuerdo, los Comités de Adquisiciones de 2019-2021 y 2021-2022 aceptaron cubrir un pago conjunto de 20 millones de pesos en un plazo de seis meses. Se aclaró que este procedimiento no implica admisión de culpabilidad y, al cumplirse, el juez dictará un sobreseimiento con efectos absolutorios.

Por otro lado, los jueces federales determinaron que los recursos involucrados eran de carácter federal, lo que llevó a la anulación de las vinculaciones a proceso para los doctores Jesús Madueña Molina y Juan Eulogio Guerra Liera en tribunales colegiados. Este fallo reafirma la inexistencia de responsabilidad penal para ellos.

El acuerdo buscó priorizar la estabilidad de la UAS, la educación de miles de estudiantes y la gobernabilidad institucional. Además, se aseguró que los involucrados no tendrán antecedentes penales, y la sanción administrativa no generó un perjuicio económico para la universidad.