En los últimos tres meses la vida ha cambiado drásticamente en Sinaloa, especialmente en la capital Sinaloense que ha sido el foco de más del 70 por ciento de la incidencia delictiva.
El conflicto entre grupos delincuenciales ha escalado y mutado, manifestándose en distintos delitos, principalmente el homicidio, que en los primeros 90 días de esta ola de violencia alcanzó las 500 víctimas mortales.
Estos homicidios no han distinguido género, edad ni oficio, pues ha cobrado la vida tanto de mujeres como hombres, menores de edad, adultos mayores, empresarios, ganaderos y políticos.
Otro delito que ha sido foco de atención es la privación ilegal de la libertad, pues la Fiscalía General del Estado reportó 406 desapariciones con corte al 30 de noviembre, cifra histórica para el Estado de Sinaloa.
A estos delitos se han sumado en las últimas semanas, la quema de comercios, restaurantes, minicasinos e incluso centros de rehabilitación, aunque se niega que el motivo detrás de esto sea el cobro de piso.
Se presentó además la destrucción de alrededor de 65 cámaras de seguridad en Culiacán, lo cual generó preocupación en la ciudadanía sobre un posible enfrentamiento en las zonas que quedaron sin vigilancia.
A inicio del mes de diciembre las autoridades admitieron que consideraban necesario reforzar el operativo de seguridad para evitar una escalada mayor en la violencia, razón por la cual continuó la llegada de fuerzas federales.
Dicha declaración del gobernador de Sinaloa difiere mucho de otra declaración hecha una semana antes, en la que acusa al sector empresarial de estar engrandeciendo la situación con fines políticos.
Aunado a la escalada delictiva, el 30 de noviembre choferes de plataformas electrónicas anunciaban amenazas en su contra por parte del crimen organizado, lo que ocasionó que muchos de ellos abandonaran dicho oficio a pesar de que las autoridades negaron tal situación.