El ex Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, se presentará este martes ante los juzgados, por la acusación en su contra por un presunto desvío de 293.5 millones de pesos de las arcas estatales.
La Fiscalía General del Estado lo acusa a él, al ex tesorero Ernesto Herrera Félix, y al ex Jefe del Departamento de Caja General, José Carlos López Ramírez, de los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública.
En 6 meses, los tres funcionarios desviaron los fondos a través de 112 movimientos bancarios hacia cuatro cuentas específicas para el pago de funcionarios y la captación de recursos propios, es decir, simularon ese ingreso, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa.
La denuncia penal fue presentada el 30 de agosto por la Auditoría Superior del Estado, que detectó daño a la hacienda pública por transferencias y destino indebido de recursos federales.
Los tres ex funcionarios solicitaron amparo, luego de que se dio a conocer la orden de aprehensión en su contra, para evitar ser detenidos por la Fiscalía Anticorrupción.
Por el caso se han presentado ya Ernesto Herrera Félix y José Carlos López Ramírez, y en ambos casos se ha dictado cuatro meses para terminar la investigación complementaria.
Librado Romero Martínez, ha sido el fiscal encargado ante los tribunales, y es quien ha pedido el tiempo de plazo de investigación, mencionando que ello corresponde a que se pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe sobre las cuentas y el destino final de los recursos.
Casos abiertos ante la FGR
Armando Villarreal Ibarrra también tiene pendientes a nivel federal. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene pendientes 8 denuncias ante la Fiscalía General de la República por el mal uso de recursos federales.
Conforme los expedientes, la Administración de Mario López Valdez tiene más de 2 mil millones de pesos sin aclarar.
Además, la Secretaría de Transparencia informó que Villarreal fue inhabilitado por siete años, sanción que aún litiga en el Tribunal de Justicia Administrativa, y cuenta con dos investigaciones más que podrían recaer en sanciones administrativas por montos superiores a los 200 millones de pesos.