Vinculan a proceso a Madueña y exfuncionarios de la UAS
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa logró la vinculación a proceso del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús "M", por el delito de ejercicio indebido del servicio público, junto con varios miembros del comité de adquisiciones de la institución correspondientes al periodo 2021-2022. Los implicados enfrentan cargos por desempeño irregular de la función pública en relación con la compra de equipo de cómputo y materiales para diversas áreas de la universidad.
El caso, contenido en la causa penal 994/2024, señala que las adquisiciones de computadoras, impresoras, consumibles y otros productos de tecnología superaron los montos que habrían requerido un proceso de licitación pública, fraccionando facturas para evitar este requisito legal. En total, se realizaron 214 transferencias por más de 64 millones de pesos en 2021 y 2022.
La audiencia inicial, que tuvo lugar el 19 de septiembre y se extendió por más de 10 horas, concluyó con la vinculación a proceso de todos los imputados, tras haberse diferido en dos ocasiones anteriores. Además del rector Jesús "M", también fueron vinculados Héctor Melesio "C", Salvador "P", Soila Maribel "G", Jorge "P" y Óscar Orlando "G". Como medidas cautelares, se les impuso la presentación mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), la prohibición de salir del país, y en el caso de Jesús "M", Soila Maribel "G" y Jorge "P", la suspensión temporal de sus cargos.
El proveedor involucrado, César Abraham "C", aportó evidencia que incluye estados de cuenta bancarios y facturas emitidas, confirmando que recibió 127 transferencias por más de 45 millones de pesos en 2021 y 87 transferencias por más de 19 millones en 2022. Este monto supera el límite para adquisiciones sin licitación pública. En contraste, se emitieron 1,954 facturas en 2021 y 2,503 en 2022 por un total de más de 118 millones de pesos, lo que demuestra el fraccionamiento de las facturas para eludir el proceso legal.
A pesar de la cooperación del proveedor con la fiscalía, los funcionarios universitarios se han resistido a proporcionar la información solicitada, mostrando una actitud contraria a la transparencia. No obstante, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la fiscalía para proceder legalmente contra los imputados.
La fiscalía subrayó que esta vinculación a proceso no representa una violación a la autonomía de la UAS, sino una medida para proteger los recursos públicos de la universidad, asegurando que sean gestionados conforme a la ley.
El gobierno del estado transfirió más de 2 mil millones de pesos en subsidios estatales ordinarios a la UAS tanto en 2021 como en 2022, recursos que están bajo escrutinio en este caso.
