Ambientalistas amanazadas, sin información de los 42 animales envenenados
A varios meses del envenenamiento masivo de 42 animales en las inmediaciones del Club Campestre en Durango, el caso sigue sin avances significativos. Las autoridades no han identificado ni procesado al responsable, y los ambientalistas que han denunciado estos hechos enfrentan ahora amenazas. Amelia Salas, activista y una de las principales denunciantes, expresó su preocupación por la falta de respuesta de la Fiscalía General del Estado, la cual se ha negado a otorgar acceso al expediente del caso.
El incidente, que involucró la colocación de comida envenenada en la zona, resultó en la muerte de diversas especies, incluidas ardillas, zopilotes, conejos, tlacuaches y perros. Las crueles intenciones detrás de este acto han causado indignación en la comunidad y un fuerte rechazo de parte de grupos ambientalistas, quienes exigen que se castigue a los responsables conforme a la ley.
A pesar de las denuncias y la presión social, las autoridades han mostrado poca disposición para avanzar en la investigación. Esto ha generado desconfianza en las personas involucradas, quienes temen que el caso quede impune. Las amenazas que han recibido los ambientalistas, además, han generado un ambiente de inseguridad para quienes han dado seguimiento al caso.
Las denunciantes señalan que la violencia contra los animales es un indicador alarmante de posibles conductas violentas hacia los humanos, por lo que consideran urgente que se resuelva este caso. Salas subrayó que la búsqueda de justicia no solo implica obtener respuestas, sino también asegurar que el esfuerzo, tiempo y recursos invertidos en esta causa no sean en vano.
Por el momento, las ambientalistas continúan esperando una respuesta de las autoridades, confiando en que se haga justicia y se garantice la seguridad de quienes han luchado para que este crimen no quede en el olvido. Este caso destaca la necesidad de un enfoque más firme y comprometido en la protección de los derechos de los animales y el cumplimiento de la ley en situaciones de maltrato y crueldad.