La base del Plan B de la reforma electoral es la reestructura del INE, de toda la estructura operativa, de manera particular hay una afectación en los temas de las juntas distritales, que desaparecerían y se convierten en oficinas auxiliares, dejarían de existir los órganos colegiados en año no electoral, y la estructura se volvería muy básica. Esto traería una afectación para el derecho político electoral de los ciudadanos, puesto que no habría quien garantizara una adecuada ubicación de casillas que garantizará la certeza y la transparencia en los procesos electorales.
Otro tema que afectaría dicha reforma, sería en la entrega de las credenciales electorales porque al desaparecer la estructura de los organismos desconcentrados de la vocalía del registro federal de electores, seguirán estando los módulos de atención ciudadana para entregar la credencial para votar con fotografía, y la no haber implicaría que haya una desatención o una falta de seguimiento adecuada para la entrega.
En este sentido, el Consejero Presidente del Consejo General del INE, el doctor Lorenzo Córdova Vianello, ha dicho que hay varios instrumentos jurídicos que se pueden presentar desde el punto de vista institucional, y desde el punto de vista de quienes laboran en la institución, al afectar sus derechos. El consejero invita a que interpongan y defienden la protección de su voto, esto se puede hacer a través de dos vías: la vía del amparo en contra de una reforma que afecta sus derechos políticos y a través de la afectación de los derechos político electorales. Luego de presentar el juicio de amparo, si se lleva a cabo la reforma, se llamarán juicios electorales, y sirven para la defensa y protección de los derechos políticos electorales.