Analizan armonización legal para Reforma Judicial en Durango
El Congreso del Estado de Durango ha comenzado a analizar la iniciativa enviada por el gobernador para armonizar las leyes locales con la Reforma al Poder Judicial. Este ajuste legal es clave para establecer los lineamientos de la elección de jueces y magistrados, programada para el primer domingo de junio, así como para incluir a otros órganos del sistema judicial como el Tribunal Administrativo y el Órgano de Administración del Poder Judicial.
El diputado Héctor Herrera explicó que la propuesta pretende que Durango sea el primer estado en el país en adecuar su legislación a la reforma judicial. Este proceso no solo impactará en la elección de jueces y magistrados, sino que también contempla la renovación gradual de los órganos complementarios del Poder Judicial. Según lo planeado, una parte de estas elecciones se realizará en 2025 y el resto hasta 2027, permitiendo una implementación escalonada que busca garantizar una transición ordenada.
Un aspecto relevante del proyecto es el enfoque en la optimización de recursos económicos. Para evitar un aumento considerable en el presupuesto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), se propone que estas elecciones coincidan con las de presidencias municipales. Este emparejamiento permitiría un ahorro significativo al compartir infraestructura y logística electoral, una medida que cobra relevancia en el contexto de restricciones presupuestarias.
La iniciativa, producto del Ejecutivo Estatal, llegó mediante correspondencia y que de inmediato se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Una vez que esto suceda, pasará al pleno, donde se pretende que esta misma tarde se apruebe, como han sido todas las iniciativas que apoyan las Reformas Constitucionales Federales durante el sexenio de Esteban Villegas.
El Congreso está revisando la propuesta con la intención de llevarla al pleno para su votación en las próximas horas. De aprobarse, Durango no solo avanzaría en la modernización de su marco legal, sino que también establecería un precedente en el país sobre cómo integrar los procesos democráticos al ámbito judicial.