En Durango, la crisis habitacional se agrava: 17,000 hogares enfrentan la adversidad de vivir en condiciones de aglomeración, lo que se traduce en que aproximadamente 111,000 personas sufren de hacinamiento. Esta situación se ve acentuada por un déficit de más de 40,000 viviendas aún por construir en la ciudad, según ha señalado el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Salvador Chávez Molinar.
La situación toma un nuevo giro con la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, que propone una reforma al Artículo 123, apartado A, fracción XII de la Constitución. Dicha iniciativa busca reasignar fondos previamente destinados a créditos habitacionales hacia la creación de un "sistema de vivienda" que convierte al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no solo en financiador sino también en constructor, movilizando un capital disponible de 600 mil millones de pesos.
El nuevo sistema sugerido implica un cambio radical: el trabajador, en lugar de convertirse en propietario, pagaría una renta por la vivienda construida con sus propias contribuciones. Esta propuesta ha levantado polvo no solo por la preocupación de que se erosione el derecho a la propiedad de los trabajadores, sino también por las implicaciones de convertir el Infonavit en una institución constructora, además de financiera.
Una comunicación dirigida al consejo de administración del Infonavit denuncia la inconstitucionalidad de tal propuesta, argumentando que representa un retroceso de al menos tres décadas en los derechos habitacionales y financieros de los trabajadores. La controversia se cierne también sobre los fondos olvidados y no reclamados, que forman parte del ahorro para el retiro de los trabajadores, sumando 23 mil millones de pesos, una considerable cantidad de dinero al debate.
La propuesta ha desatado una serie de interrogantes críticos entre la población: ¿Están dispuestos los trabajadores a que se redirija su dinero destinado a la vivienda? ¿Aceptarán un modelo en el que, en vez de ser propietarios, se conviertan en inquilinos de viviendas financiadas con su esfuerzo? Y finalmente, ¿qué papel jugarán otras instituciones, como el ejército, en la construcción de estas nuevas viviendas?
Esta situación en Durango no solo refleja la urgencia de abordar el déficit habitacional, sino también el debate más amplio sobre la justicia social, el derecho a la propiedad y la mejor manera de utilizar los recursos colectivos para el bienestar de todos.