Rubén Calderón Luján, exdirector de Educación del estado de Durango durante el pasado sexenio, ha sido beneficiado con la medida de arraigo domiciliario luego de haber sido detenido hace algunas semanas. Esta decisión fue concedida recientemente, permitiéndole al exfuncionario continuar su proceso legal desde su hogar. Calderón Luján enfrenta imputaciones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, relacionadas con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones durante su periodo al frente de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), bajo la administración del exgobernador José Rosas Aispuro.
Desde su domicilio, Rubén Calderón podrá continuar recibiendo atención médica, condición que se ha señalado como uno de los motivos para la decisión judicial de otorgarle el arraigo domiciliario. Esta medida implica que el exfuncionario deberá permanecer en su residencia mientras se desahoga el proceso judicial en su contra, lo cual le permitirá gestionar su defensa de manera más adecuada y en un ambiente controlado. Calderón Luján ha expresado su disposición de colaborar con las autoridades judiciales y sostener su inocencia respecto a las acusaciones que se le imputan.
La Fiscalía Anticorrupción de Durango presentó estas imputaciones contra Calderón tras una serie de investigaciones que señalan posibles actos de corrupción durante su periodo al frente de la SEED, donde se le acusa de presuntos malos manejos de recursos y otras irregularidades administrativas. Este caso es parte de una serie de acciones implementadas en el estado para combatir la corrupción en el sector público, y se ha convertido en un punto de interés para la opinión pública y la comunidad educativa.
La decisión de permitir el arraigo domiciliario ha suscitado diversas opiniones entre la sociedad duranguense. Algunos consideran que la medida facilita el derecho a la salud de Calderón, mientras otros cuestionan si se está otorgando un trato preferencial al exfuncionario. En cualquier caso, las autoridades han asegurado que la medida no exime a Calderón de cumplir con las obligaciones judiciales correspondientes y que el proceso seguirá su curso hasta que se determine su responsabilidad o inocencia.
Este tipo de medidas son contempladas en la ley mexicana y se otorgan en casos específicos, generalmente cuando se trata de personas que enfrentan problemas de salud o en los que el juez considera que no representan un riesgo de fuga. En el caso de Calderón Luján, las autoridades judiciales han subrayado que el arraigo domiciliario se otorgó con base en la evaluación de su condición médica y el contexto particular del caso.
Mientras tanto, Rubén Calderón continuará su defensa desde casa, bajo supervisión, con el compromiso de presentarse ante las instancias correspondientes según se le requiera. La expectativa en torno a este caso sigue en aumento, ya que la resolución del proceso podría tener implicaciones para la administración pública y el combate a la corrupción en Durango.