Candidatura masculina en Durango. Morena compite con varón.

Martha Arreola, exdiputada federal por MORENA, reveló que desde el nivel central se ha decidido que el candidato para la presidencia municipal de Durango capital será un hombre. Esta decisión ha dejado fuera a aspirantes como Margarita Valdez, Sandra Lilia Amaya y Cinthia Month, generando un debate sobre equidad de género en el proceso electoral.

Arreola lamentó que la determinación excluya a mujeres con amplia trayectoria política y social, pero consideró que el enfoque debe estar en garantizar una contienda justa y transparente. Sin embargo, aseguró que continuará participando activamente en la vida política de Durango y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Esto deja a 3 personajes peleando la candidatura: Ivan Gurrola, José Ramón Enríquez Herrara (ex Presidente Municipal de Durango por el PAN), e Iván Ramírez (ex delegado del Bienestar en el sexenio de López Obrador). Esto avizora una elección que será impugnada entre los mismos morenistas.

Además, como aspirante en el proceso histórico para elegir jueces y magistrados, Arreola defendió la prisión preventiva como una medida clave para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Señaló que los cambios legislativos buscan garantizar que delitos graves, como el intento de feminicidio, sean tratados con mayor rigor y efectividad.

"La prisión preventiva no solo evita que los agresores reincidan, también brinda un mensaje claro de que la justicia está comprometida con la protección de las víctimas. Es fundamental garantizar que esta herramienta sea aplicada con perspectiva de género", afirmó.

Arreola subrayó que los delitos graves, incluidos los relacionados con el crimen organizado, también deben analizarse desde esta perspectiva para garantizar que las víctimas reciban el apoyo necesario y que los procesos judiciales reflejen un enfoque más integral y equitativo.

En este contexto, destacó la importancia de que las instituciones de justicia trabajen de manera coordinada con los gobiernos locales y federales para garantizar que las leyes sean aplicadas de manera efectiva y que las víctimas de violencia encuentren en el sistema judicial un aliado real.