Gabriela Avelar, directora del Centro para Menores Infractores, informó que en el centro actualmente se encuentran recluidos 11 menores duranguenses que fueron reclutados por el crimen organizado en Zacatecas. Estos menores participaron en diversos crímenes violentos en aquel estado antes de ser detenidos y trasladados a Durango, a petición de ellos mismos.
La directora Avelar destacó que la mayoría de estos menores eran consumidores de estupefacientes y que, al momento de cometer los delitos, se encontraban bajo la influencia de estas sustancias. Este hecho pone de manifiesto la estrecha relación entre el consumo de drogas y la comisión de actos violentos, una correlación que ha sido señalada previamente por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
La problemática del reclutamiento de menores por parte del crimen organizado es alarmante y refleja una crisis social que va más allá de la simple delincuencia juvenil. Estos jóvenes, muchas veces provenientes de entornos de vulnerabilidad social y familiar, son blanco fácil para las organizaciones criminales que buscan mano de obra para sus actividades ilícitas. La falta de oportunidades educativas y laborales, así como la exposición a ambientes de violencia y consumo de drogas, incrementa el riesgo de que estos menores caigan en manos de estos grupos.
En el centro de reclusión, se trabaja no solo en la contención de estos jóvenes, sino también en su rehabilitación. Se les brinda atención psicológica y programas de desintoxicación, con el objetivo de alejarlos del consumo de sustancias y ayudarles a reintegrarse en la sociedad de manera productiva y libre de violencia. Avelar señaló la importancia de estos programas y la necesidad de contar con un enfoque integral que abarque la educación, la atención médica y el apoyo psicológico.
Este caso también subraya la importancia de la cooperación entre estados para la gestión de menores infractores. El traslado de estos jóvenes de Zacatecas a Durango fue una medida necesaria para garantizar su seguridad y facilitar su rehabilitación. Sin embargo, es crucial que se implementen estrategias preventivas que eviten que más menores sean reclutados por el crimen organizado.
Las autoridades deben fortalecer los programas de prevención del consumo de drogas y de educación en valores, así como mejorar las condiciones socioeconómicas en las comunidades vulnerables. Además, es esencial que las familias reciban el apoyo necesario para evitar que los menores se vean atraídos por las promesas falsas de una vida mejor a través del crimen.