El presupuesto participativo sigue siendo inaccesible para colonias y fraccionamientos no municipalizados, excluyendo los recursos esenciales para obras de infraestructura. La regidora Guadalupe de la Parra explicó que, debido a su estatus legal, estas zonas no pudieron participar en este proyecto, a pesar de que el presupuesto participativo lleva tres años en vigor y ha probado ser una herramienta eficaz que debería mantenerse en futuras administraciones.
La regidora destacó que los ciudadanos que participan en este proceso suelen pedir obras que deberían cubrirse por la administración, tales como pavimentación, alumbrado público, áreas verdes y sistemas de drenaje. Sin embargo, la falta de alineación entre las autoridades y las verdaderas necesidades de los colonos ha provocado que, en varias ocasiones, Obras Públicas ejecuten proyectos que la comunidad no necesita o no usa, resultando en estructuras subutilizadas y recursos desperdiciados.
El presupuesto participativo, según la regidora, permite a los vecinos proponer y decidir sobre las obras necesarias en sus colonias, lo que garantiza que los fondos se destinen a cubrir demandas reales. Este modelo asegura una conexión directa entre las inversiones y las prioridades de cada comunidad, algo fundamental para evitar el desarrollo de infraestructura.
De la Parra agregó que es urgente trabajar en la municipalización de aquellas colonias y fraccionamientos que aún no cuentan con este estatus legal, ya que esto no solo les permitiría acceder al presupuesto participativo, sino también garantizarles servicios públicos básicos de manera regular. La falta de municipalización ha dejado a muchas colonias en situación de abandono en cuanto a obras públicas.
La regidora concluyó que el presupuesto participativo es un mecanismo esencial para mejorar las condiciones de las comunidades, pero que se requiere el esfuerzo adicional de integrar a las zonas excluidas para lograr una distribución equitativa de recursos y obras.