Comienzan campañas electorales en proceso judicial federal 2024-2025
El Instituto Nacional Electoral ha establecido lineamientos claros sobre lo que las candidaturas pueden y no pueden hacer durante el periodo de campaña para los cargos en el Poder Judicial de la Federación, que se desarrollará del 30 de marzo al 29 de mayo de 2025. Estas disposiciones buscan garantizar un proceso electoral equitativo y transparente para la selección de ministros, magistrados y jueces federales.
Las personas candidatas podrán financiar sus campañas con recursos personales, siempre que no excedan los topes establecidos: $1,468,841.33 para ámbito nacional, $881,304.80 para circunscripción plurinominal, $413,111.63 para circuito judicial y $220,326.20 para distrito judicial. Podrán difundir su trayectoria profesional y propuestas mediante propaganda impresa en materiales ecológicos, participación en entrevistas noticiosas, foros de debate públicos y el uso de redes sociales sin pagar por amplificación de contenidos. El Sistema Conóceles estará disponible para registrar su información curricular.
Queda estrictamente prohibido a las candidaturas comprar espacios en medios masivos, realizar publicidad pagada en cualquier formato, iniciar campañas antes de la fecha establecida o difundir propaganda con calumnias. Se prohíbe especialmente el uso de materiales no reciclables, la entrega de obsequios o beneficios, la violencia política de género y cualquier asociación directa con partidos políticos. Durante los tres días previos a la elección del 1° de junio de 2025 (periodo de veda electoral) no se permitirá realizar proselitismo ni publicar encuestas.
Estas normas, establecidas mediante el Acuerdo INE/CG225/2025, aplican para todo el territorio nacional en el proceso extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones administrativas o incluso la cancelación de la candidatura. El INE hace un llamado a todos los participantes a conducirse con estricto apego a la legalidad, garantizando así un proceso limpio que fortalezca la confianza ciudadana en la impartición de justicia.