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22 de Noviembre del 2024
Política

Congreso de Durango va por deudores alimentarios.

Congreso de Durango va por deudores alimentarios.

En la reciente sesión del Congreso del Estado de Durango se presentó el dictamen por parte de  la Comisión de Justicia del Congreso referente a el crítico tema del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. El establecimiento de éste registro es un paso decisivo hacia la protección de los derechos de los menores en Durango y en todo México, ya que permitirá a los jueces informar sobre aquellos padres que tienen deudas mayores a 70 días en sus obligaciones alimentarias, lo que facilitará la implementación de medidas más efectivas para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad, señaló la diputada local Sandra Amaya.

Por su parte la diputada Sughey Torres complementó esta información al señalar que, alarmantemente, tres de cada cuatro hijos de padres separados en el país no reciben la pensión alimenticia que les corresponde. Esta situación no solo afecta a los menores, sino que también impone una carga significativa sobre las madres, ya que el 67.5% de ellas enfrentan la evasión de las obligaciones por parte de sus exparejas, indicó la legisladora.

El contexto es preocupante: en Durango, muchas familias dependen de estas pensiones para su sustento diario. La falta de cumplimiento no solo crea condiciones de vulnerabilidad, sino que perpetúa ciclos de pobreza y desnutrición entre los niños, afectando su desarrollo y bienestar.

Con el registro, se espera no solo castigar a los deudores, sino también promover una cultura de responsabilidad y respeto hacia los derechos de los menores. La creación de este mecanismo representa un avance en la lucha contra la impunidad y la falta de apoyo que sufren muchas familias. A través de esta iniciativa, el Congreso del Estado se posiciona en defensa de los más vulnerables, buscando asegurar que todos los niños tengan acceso a lo que legal y moralmente les corresponde.

Este asunto no solo refleja una problemática social creciente, sino que también implica la necesidad de una respuesta legislativa efectiva para garantizar el bienestar de miles de niños y niñas en  el país.









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