La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha manifestado su preocupación por la reciente asignación de contratos para el mantenimiento de carreteras a empresas que, según diversos testimonios, no cuentan con la capacidad técnica ni económica necesaria para llevar a cabo los trabajos. El presidente de la CMIC, Francisco Salazar, cuestionó que algunas de estas compañías no estén registradas ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) y que no sean reconocidas en el ámbito local de la construcción.
"Desconocemos si estas empresas tienen realmente la capacidad técnica y económica para desarrollar los trabajos. No están registradas en el SIEM y no sabemos quiénes son los dueños. Son empresas pequeñas, no grandes ni formales, lo que nos deja muchas dudas", declaró Salazar.
Uno de los principales puntos de controversia es que estos contratos fueron asignados sin anticipo, lo que podría dificultar aún más el inicio de las obras para empresas sin solvencia. A pesar de que se supone que las compañías ganadoras tienen experiencia, como lo exigen las bases de licitación, muchos actores del sector no las ubican ni han trabajado con ellas anteriormente.
Además, se ha evidenciado un serio recorte en los recursos destinados al mantenimiento carretero. En años anteriores se asignaban cerca de 85 mil pesos por kilómetro; hoy esa cifra se ha reducido a poco más de 35 mil pesos por kilómetro. Esto implica una disminución significativa en la calidad y alcance de los trabajos de reparación, considerando que ahora se otorgan contratos por 300 kilómetros con apenas 10.5 millones de pesos, en contraste con los contratos anteriores que abarcaban 90 kilómetros por 7.5 millones.
Actualmente, se estima que el 70% de la red carretera federal, compuesta por aproximadamente 2,400 kilómetros, presenta algún tipo de daño, lo que agrava aún más la situación. Sin estudios técnicos que definan si el daño es estructural o superficial, la incertidumbre persiste.
Finalmente, Salazar destacó que, tras el cambio de gobierno, las decisiones sobre la asignación de contratos ahora se toman desde la Ciudad de México, lo que ha reducido la participación local y la posibilidad de evaluar con mayor precisión la experiencia y capacidad de las empresas contratistas.