En los últimos meses, hemos sido testigos de una preocupante cantidad de casos de suicidios entre menores.
Esta alarmante situación ha encendido las alertas en la sociedad y ha generado una serie de interrogantes sobre las causas y las posibles soluciones. La Titular del Instituto de Salud Mental (ISMED) ha declarado que este fenómeno es multifactorial, y que se requiere una intervención tanto desde el hogar como desde las escuelas. Además, es crucial que las autoridades e instituciones correspondientes también asuman su responsabilidad.
La Titular del ISMED enfatiza la importancia de que se promulguen leyes y se incluya la salud mental en las políticas públicas. No basta con tener programas destinados a abordar esta problemática si no se les brinda la adecuada socialización.
Es fundamental contar con personal capacitado que pueda brindar atención especializada en aquellos casos donde los menores presenten indicios de depresión, soledad u otros síntomas neurológicos.
La inclusión de la salud mental en las políticas públicas implica reconocer su relevancia y asignar los recursos necesarios para su correcta implementación. Esto implica no solo la creación de programas de prevención y atención, sino también la formación de profesionales capacitados en el ámbito de la salud mental infantil.
Es fundamental que desde el hogar se promueva un entorno seguro y saludable para los menores. Esto implica fomentar la comunicación abierta, el apoyo emocional y la detección temprana de posibles señales de alarma. Los padres y cuidadores deben estar alerta a cambios en el comportamiento de los niños y brindarles un espacio donde se sientan escuchados y comprendidos.
Asimismo, las escuelas desempeñan un papel fundamental en la detección y prevención de problemas de salud mental en los menores. Los docentes deben recibir capacitación para reconocer las señales de alerta y saber cómo actuar en consecuencia. Además, se deben implementar programas de educación emocional y promover la empatía y el respeto entre los estudiantes.
Por otro lado, es responsabilidad de las autoridades e instituciones destinar los recursos necesarios para garantizar la atención adecuada a los menores en situación de vulnerabilidad. Esto implica establecer protocolos de actuación claros y eficientes, así como facilitar el acceso a servicios de salud mental y psicoterapia.