Ezequiel García, activista de la comunidad LGBTQI+, denunció que los crímenes cometidos contra mujeres trans continúan siendo clasificados de manera errónea como delitos pasionales, ignorando que muchos de estos actos son motivados por odio hacia la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. Como ejemplo, citó el caso de Susy Villarreal, quien perdió la vida debido a un ataque de odio. Sin embargo, el crimen fue tipificado como delito pasional, lo que permitió al agresor recibir una pena reducida, dejando en evidencia la falta de justicia y el desconocimiento de los derechos de las mujeres trans.
García subrayó que esta clasificación no solo minimiza la gravedad de los crímenes, sino que también perpetúa la discriminación institucional hacia la comunidad trans. Además, señaló que en los registros oficiales de estos casos no se respetan los nombres y géneros elegidos por las víctimas, lo cual constituye una forma de violencia simbólica que afecta su dignidad y los derechos humanos de las personas trans. Al referirse únicamente al género biológico, las autoridades niegan el reconocimiento pleno de la identidad de las víctimas, reforzando la exclusión y la desigualdad.
El activista también enfatizó que este tipo de actos son una manifestación de odio y violencia estructural que enfrentan las mujeres trans en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde el acceso a la justicia hasta la visibilización en los medios de comunicación. García hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas más efectivas y sensibles en la investigación y clasificación de estos crímenes, reconociendo el impacto de la transfobia en la violencia que sufren las mujeres trans.
La comunidad LGBTQI+ y sus aliados continúan exigiendo que las instituciones no solo reconozcan el problema, sino que implementen políticas públicas que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas trans. Entre las demandas principales se encuentran la capacitación de las autoridades para abordar estos casos con perspectiva de género y la creación de protocolos específicos para el registro de crímenes de odio. Según García, estos cambios son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde se respeten plenamente los derechos de todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual.