En Durango, como en muchas otras partes del país, la violencia contra las mujeres se refleja de diversas formas, siendo una de las más comunes la falta de cumplimiento por parte de los padres con la pensión alimenticia. En el estado, este problema afecta a muchas mujeres que, a pesar de sus esfuerzos por llegar a acuerdos fuera de los tribunales, enfrentan dificultades legales y sociales cuando deciden tomar el camino judicial para exigir el pago de pensiones alimenticias. Esta situación se agrava por la corrupción, la falta de información y la escasez de apoyo adecuado para las víctimas.
El proceso legal para garantizar que se cumpla con la pensión alimenticia recae en tres actores principales: el Ministerio Público, el juez y el tutor asignado por la Procuraduría de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, muchas mujeres enfrentan obstáculos, como la falta de orientación legal o la dificultad de acceder a un abogado con el conocimiento adecuado en el área familiar, lo que agrava aún más la situación.
Durango ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (RENOA), con 80 casos registrados hasta el mes de octubre de 2024. Este registro refleja la realidad de 159 menores afectados, de los cuales 87 son niñas y 72 son niños. A pesar de que algunos deudores logran modificar su estatus al cumplir con los pagos atrasados, la mayoría sigue sin saldar sus deudas, lo que deja a muchos niños y niñas sin el sustento necesario para su desarrollo.
La situación también pone en evidencia una violación a los derechos humanos de las mujeres, ya que el no recibir la pensión alimenticia afecta su bienestar y el de sus hijos. Además, el proceso judicial a menudo se ve obstaculizado por la falta de recursos, la lentitud de los procedimientos y la negativa de los deudores a cumplir con sus obligaciones. Este contexto crea un ambiente de violencia económica, en el que las madres se ven forzadas a luchar por lo que les corresponde.
En octubre de 2024, solo nueve de los 14 estados que han reportado datos en el RENOA, incluido Durango, actualizaron la información sobre los deudores alimentarios. Si bien el registro ofrece la posibilidad de cambiar el estatus de moroso a no moroso, el proceso es lento y a menudo no garantiza que las mujeres logren la justicia que necesitan para el bienestar de sus hijos.