Durango se queda atras en legislación de Violencia Vicaria.
En el panorama nacional, Durango enfrenta un llamado crítico para actualizar su marco legal en la lucha contra una forma insidiosa de violencia: la violencia vicaria. Este término, quizás desconocido para algunos, refiere a una táctica cruel donde, predominantemente, el agresor ?en muchos casos el padre? emplea a los hijos como instrumentos para infligir daño emocional o psicológico a su pareja. Esta forma de violencia se convierte en un arma silenciosa, pero devastadora, en las batallas de poder dentro de relaciones disfuncionales o en proceso de separación.
Hasta la fecha, más de 22 estados de la República Mexicana han tomado medidas legislativas para combatir este flagelo, estableciendo protocolos y sanciones específicas para quienes ejercen esta violencia. Sin embargo, Durango se encuentra rezagado en esta materia, según lo señala el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. La organización, compuesta por activistas y víctimas, denuncia la inacción y el silencio que rodean a este delito, amplificado por el temor de muchas mujeres a denunciar, en un intento por proteger lo que más aman: sus hijos.
El Frente Nacional no solo arroja luz sobre la urgencia de reconocer y abordar la violencia vicaria como un delito grave sino que también hace un enérgico llamado a los legisladores duranguenses. La demanda es clara: es imperativo sacar de la "congeladora" las reformas necesarias para proteger a las familias de esta forma de violencia. Esta invitación a la acción legislativa no es solo un reclamo por justicia; es un clamor por la seguridad y el bienestar de las víctimas, que en su mayoría son invisibilizadas por el sistema. Afirman que en muchas ocasiones, son víctimas de acusaciones falsas para evitar llegar a acuerdos de patria potestad de los menores.
El retraso de Durango en adoptar medidas legislativas específicas contra la violencia vicaria no solo pone en evidencia una laguna en la protección de las víctimas sino que también subraya la necesidad de un compromiso más firme con los derechos humanos y la protección de la familia. La violencia vicaria, con sus profundas cicatrices emocionales y psicológicas, requiere de una respuesta legislativa y social inmediata, que ponga fin a la indiferencia y fomente una cultura de denuncia y apoyo a las víctimas. Acusan que son las diputadas del Congreso del Estado, las que han puesto trabas para la legislación de la ley.
Este es el momento para que Durango se posicione como un estado líder en la protección de sus ciudadanos, demostrando que la seguridad y el bienestar de las familias están por encima de cualquier consideración política o burocrática. La violencia vicaria debe ser reconocida, sancionada y erradicada con todas las herramientas legales y sociales a nuestro alcance.