Las alegaciones de malversación de fondos públicos que involucran al ex Gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres. Aispuro ha salido al frente para negar vehementemente todas las acusaciones en su contra, calificándolas de infundadas y sin sustento. Sin embargo, las afirmaciones en su contra han arrojado una sombra de incertidumbre sobre el panorama político de la región.
En contraparte, el Diputado Enrique Benítez ha asumido una postura firme al insistir en que el quebranto financiero es una realidad tangible y preocupante. A pesar de la existencia de más de 40 carpetas de investigación y una gran cantidad de pruebas documentadas, el proceso de investigación parece avanzar a un ritmo que algunos consideran excesivamente lento. Esta lentitud ha generado dudas sobre si se está llevando a cabo una investigación exhaustiva y minuciosa.
La población de Durango se encuentra dividida en cuanto a sus opiniones sobre este asunto. Por un lado, están aquellos que creen firmemente en la inocencia de Aispuro y consideran que las acusaciones son parte de una campaña de desprestigio. Por otro lado, existen ciudadanos que están profundamente preocupados por las implicaciones de las acusaciones y desean una investigación transparente y rigurosa que arroje luz sobre la verdadera magnitud de cualquier irregularidad financiera. Hay que recordar que el hoyo financiero es de 25 mil millones de pesos. De los cuales 4 mil 570 millones se tiene documentado que llegaron etiquetados y nunca fueron depositados en las cuentas finales.
La clave para resolver esta controversia reside en una investigación imparcial y completa que aclara los hechos y determina si hubo o no malversación de fondos públicos durante el mandato de Aispuro como Gobernador. Los legisladores, en particular el Diputado Benítez, han subrayado la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en este proceso.
A medida que la investigación avance, la sociedad duranguense estará atenta a los resultados. Independientemente del resultado, este caso servirá como un recordatorio de la necesidad de salvar los recursos públicos y garantizar que se utilicen de manera ética y en beneficio de la comunidad.