En las zonas periféricas de la ciudad, el apoyo a la reforma del poder judicial se manifiesta con claridad. Los residentes de estas áreas sostienen que la administración de la justicia debe estar bajo el control del pueblo, al igual que sucede con la elección de gobernantes y presidentes. La expresión "el pueblo manda y el pueblo quita" resuena frecuentemente en estas comunidades, reflejando un sentimiento generalizado de que la reforma es necesaria para mejorar el sistema judicial.
Los habitantes argumentan que el actual sistema judicial no garantiza una administración justa y equitativa de la justicia. Observan con preocupación que, en muchos casos, personas acusadas de delitos permanecen en libertad, a menudo debido a la impunidad o a sus conexiones con jueces. Esta situación genera desconfianza y descontento, lo que refuerza su postura en favor de la reforma.
Los residentes expresan que el poder judicial actual está afectado por una falta de transparencia y por influencias externas que parecen interferir en la imparcialidad de los juicios. En su opinión, algunos individuos disfrutan de una libertad inmerecida debido a sus relaciones con figuras de autoridad en el sistema judicial. Esto, aseguran, contribuye a una percepción general de que el sistema está sesgado y no actúa en interés de la justicia.
La propuesta de reforma es vista como una oportunidad para corregir estas deficiencias. Los residentes creen que al permitir que el pueblo participe en la selección de los encargados de administrar la justicia, se podría lograr un sistema más transparente y equitativo. La reforma sería una forma de devolver el control al ciudadano común y de garantizar que todos, sin importar sus conexiones personales, sean tratados con igualdad ante la ley.
En resumen, el apoyo a la reforma del poder judicial en estas comunidades se basa en una fuerte creencia en la necesidad de mayor equidad y transparencia en el sistema judicial, y en la esperanza de que el cambio propuesto pueda rectificar las deficiencias actuales.