La extracción de litio en México ha sido motivo de creciente descontento entre las empresas mineras, quienes ven con preocupación las restricciones impuestas sobre la explotación a cielo abierto. Este malestar se ha intensificado particularmente debido a la percepción de un trato desigual por parte del gobierno, que ha prohibido a las empresas privadas realizar este tipo de actividades extractivas, mientras que las instancias gubernamentales parecen tener carta blanca para hacerlo, especialmente en lo que respecta a la extracción de litio, un recurso estratégico de gran relevancia para la transición energética global.
Juan Manuel Ceseñas Torrero, representante de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, ha expresado su inquietud ante esta situación. Según Ceseñas, las restricciones impuestas no solo afectan la competitividad de las empresas mineras nacionales e internacionales, sino que también generan incertidumbre sobre el futuro del sector minero en el país. "No es equitativo que se limite a las empresas privadas mientras que el gobierno explota el litio a cielo abierto sin mayores restricciones", afirmó.
Aunque en el estado de Durango no existen actualmente minas de litio, el interés por este mineral ha crecido considerablemente en otras regiones del país, especialmente en el altiplano mexicano. En esta zona, el litio se está extrayendo de manera intensiva, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre las políticas de explotación y la gestión de los recursos naturales en México. El altiplano se ha convertido en un punto clave para el aprovechamiento de este mineral, cuya demanda global sigue en aumento debido a su uso en baterías para dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos.
El litio, conocido como "el oro blanco", es esencial para la producción de baterías recargables y, por ende, es un recurso crucial en la transición hacia energías limpias y renovables. La estrategia del gobierno mexicano ha sido nacionalizar la explotación de este recurso, lo que ha generado fricciones con el sector privado, que considera que esta decisión podría frenar el desarrollo de la industria minera en el país y limitar las oportunidades de inversión extranjera.
Ceseñas Torrero señaló que, si bien es comprensible que el Estado quiera tener un control mayor sobre recursos estratégicos como el litio, es necesario encontrar un equilibrio que permita a las empresas mineras operar bajo condiciones justas y competitivas. "El desarrollo del país no puede depender únicamente del control estatal; necesitamos una colaboración entre el sector público y privado para maximizar el beneficio de nuestros recursos", enfatizó.
La discusión sobre la extracción de litio en México continúa, y se espera que en los próximos meses se clarifiquen las políticas que guiarán la explotación de este recurso. Mientras tanto, las empresas mineras siguen manifestando su descontento y exigen un diálogo abierto con el gobierno para buscar soluciones que permitan un desarrollo equilibrado y sostenible del sector minero en el país.