La propuesta del municipio de implementar fotomultas ha generado una mezcla de elogios y cuestionamientos por parte de la comunidad. Aunque se presenta como una herramienta efectiva para mejorar la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas de tránsito, también plantea cuestiones legales que no deben pasarse por alto.
La Diputada Silvia Patricia Jiménez ha señalado un problema clave: la legalidad de estas fotografías. A pesar de que se considera que las fotomultas son una estrategia valiosa para controlar el comportamiento de los automovilistas, la realidad legal es compleja. Jiménez destaca que, según las normativas actuales, no pueden imponerse multas hasta que se incluyan en el presupuesto de 2024. Como resultado, sugiere que, por el momento, las multas se limitan a ser "de cortesía".
Esta preocupación plantea cuestiones esenciales sobre cómo se implementará esta medida y cuándo comenzará a tener efecto legal real. La falta de claridad en este asunto podría generar confusión tanto entre los automovilistas como entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
El control del tráfico es un objetivo valioso, y las fotomultas tienen el potencial de contribuir significativamente a esta causa. Sin embargo, para garantizar que se apliquen de manera justa y efectiva, es crucial abordar los aspectos legales y financieros asociados. La pregunta fundamental