El gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, declaró hoy que el área en cuestión ya está impactada y sugirió que no se causará más daño. Villegas señaló que es crucial iniciar negociaciones entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los ambientalistas para encontrar una solución viable. Según el gobernador, es mejor aprovechar una zona que ya ha sido afectada, especialmente considerando que el edificio existente está en deterioro. Villegas apoya al CCE en su esfuerzo por establecer un nuevo edificio en el área.
Sin embargo, los ambientalistas han expresado su preocupación y oposición a cualquier nueva intervención en el Área Natural Protegida. Argumentan que el área debe ser preservada y que cualquier nueva construcción es inaceptable. Este conflicto refleja la tensión entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente, un tema cada vez más relevante en el contexto del cambio climático.
Diversos actores políticos han alzado la voz, instando a que se prioricen las necesidades de las futuras generaciones por encima de las decisiones inmediatas. El papel del Consejo para el Área Natural Protegida es crucial, ya que debe emitir una opinión informada que tenga en cuenta las posiciones de organismos estatales, municipales y de la sociedad civil. La Diputada Federal electa, Silvia Patricia Jiménez, ha sido firme en su postura, que no sea en el Parque Sahuatoba este edificio, que se vaya a otro lado, tal vez incluso al CLID.
Los ambientalistas confían en la legalidad y sostienen que la ley debe prevalecer en la protección de estas áreas. El parque Centenario, que incluye los parques Sahuatoba y Guadiana, ha visto su área reducida en diversas administraciones. La resistencia a ceder más terreno es fuerte entre los defensores del medio ambiente, mientras que el CCE aún no ha emitido una postura definitiva, esperando que termine la feria para hacerlo.
La situación sigue sin resolverse y la última palabra aún no ha sido dicha. Se espera que el Consejo para el Área Natural Protegida tome una decisión que equilibre los intereses de desarrollo y conservación, respetando las leyes y considerando las preocupaciones de todos los involucrados.