La Lengua de Señas Mexicana (LSM) es un sistema visual esencial para que las personas sordas puedan expresarse y participar en la sociedad. Sin embargo, en situaciones de emergencia, como incendios o accidentes, las barreras de comunicación pueden poner en riesgo la seguridad de las personas sordas. En Durango, se ha iniciado un programa de capacitación para el cuerpo de bomberos en el uso de LSM (Lengua de señas), con el objetivo de mejorar la comunicación en situaciones críticas.
Los bomberos, que son los primeros en llegar a las emergencias, necesitan poder comunicarse de manera efectiva con todas las personas involucradas, incluyendo a quienes no pueden oír. Esta capacitación les permitirá comprender y utilizar LSM para interactuar con personas sordas, facilitando la toma de decisiones y la atención en momentos de alto estrés. Esto es fundamental, ya que una comunicación clara y rápida puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
En Durango hay 96,587 personas con discapacidad auditiva, más del 50% de las personas con discapacidad auditiva en México son mayores de 60 años. Poco más del 34% de las personas con discapacidad auditiva en México tienen entre 30 y 59 años. Cerca de 2% de las personas con discapacidad auditiva en México son niñas y niños.
Además, la inclusión de la LSM en los procedimientos de emergencia es una medida que va más allá del sector de protección civil. Promueve una cultura de inclusión en todos los ámbitos laborales y comunitarios. Al incluir a las personas sordas en el proceso de atención en emergencias, se asegura que reciban la ayuda necesaria, sin importar su capacidad auditiva.
Por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y tráfico de armas, la mexicana Dulce Raquel Chavarría Martínez, presunta integrante del Cártel de Sinaloa, fue extraditada a Estados Unidos, debido a que fue requerida por la Corte Federal para el Distrito del Sur de California, así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre ambos países.
"Dulce "C", era integrante de una organización de tráfico de drogas y armas de fuego radicada en México. De 2019 al 2020 la reclamada, como intermediaria, organizó y coordinó la compra y venta de droga para transportarla desde Tijuana a territorio estadunidense, así como armas de fuego de Estados Unidos a México", informó la dependencia a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero.
Chavarría Martínez fue localizada y detenida por las autoridades mexicanas en febrero de 2024, en Tijuana, Baja California. Su entrega con fines de extradición se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes estadunidenses designados para su traslado.
La mujer será juzgada en la Corte Federal para el Distrito del Sur de California.
A partir del lunes 31 de marzo, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED) comenzará a revisar y sancionar a las cooperativas y tienditas dentro de las escuelas que sigan vendiendo comida chatarra. Esta medida se enmarca dentro de la estrategia nacional "Vive Saludable, Vive Feliz" y tiene como objetivo erradicar los hábitos alimenticios poco saludables entre los estudiantes, contribuyendo a la lucha contra la obesidad infantil.
Saúl Fernández, titular de COPRISED, detalló que se aplicará la Norma Oficial Mexicana para garantizar que los alimentos sean preparados adecuadamente. Aunque aún no se cuenta con un reglamento específico, debido a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) continúa desarrollando las estrategias para su implementación, se priorizará la revisión de la procedencia, preparación y conservación de los productos.
El enfoque principal será garantizar que las escuelas primarias y secundarias ofrezcan solo alimentos saludables, preferentemente preparados dentro de las mismas instituciones. Esto implica que las cooperativas deberán adecuarse a los lineamientos establecidos, evitando la venta de productos que no cumplan con los estándares de calidad nutricional.
Fernández señaló que se impondrán sanciones a las cooperativas que no cumplan con las nuevas disposiciones. Las sanciones podrán ir desde amonestaciones hasta sanciones económicas, que podrían llegar hasta la suspensión de actividades, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas. Las multas oscilan entre el pago de un salario mínimo y hasta mil salarios mínimos, lo que representa una medida contundente para asegurar el cumplimiento de la norma.
Con esta acción, el gobierno estatal refuerza su compromiso con la salud pública y el bienestar de los niños y adolescentes, buscando reducir los índices de obesidad en las nuevas generaciones.